R. CARRIÓN

VALENCIA. La crisis mundial, agravada en el caso español por el retraso en reconocer dicha situación y tomar medidas para paliarla por parte del Gobierno, arrastra ya graves consecuencias para las economías domésticas y las familias. Sólo en Valencia, en los últimos meses, la crisis ha obligado a 4.000 personas a solicitar «ayuda de emergencia» para poder sobrevivir. Así lo confirmó ayer la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la presentación de los presupuestos municipales para 2009, que aprovechó para instar al Gobierno a «espabilar en solucionar la crisis de competitividad, o los esfuerzos desde todas las instancias caerán en saco roto».

La crisis golpea especialmente las arcas de los ayuntamientos, primera instacia administrativa que, por proximidad, pulsan los ciudadanos.

Una vez más, Barberá pidió ayer, de la mano del resto de alcaldes de España, que se iguale a los ayuntamientos con las otras administraciones en las exigencias de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; que se les dé liquidez, manteniendo la anticipación de las liquidaciones a cuenta pero sobre el 98%; que se cree una línea de crédito local de 5.000 millones en el ICO; y que el Gobierno avale la emisión de deuda pública hasta 4.000 millones de euros para los principales consistorios de España. «Y, como ya es histórico, que se acometa ya la nueva Ley de Financiación Local», añadió.

Frente a todo ello, la severa reducción que establecen los Presupuestos Generales del Estado en la aportación a los ayuntamientos, pese a ser ésta vía su principal ingreso. «Con ello, el Gobierno central recorta los servicios dirigidos a los ciudadanos más necesitados de ayuda en estos momentos, puesto que las políticas sociales las prestan las entidades locales. Mi única esperanza es que, como es un presupuesto estatal muerto, que no tiene vida, en breve tendrá que ser modificado», dijo.