Sábado, 22-11-08
Primero fueron La Riviera, Moma y But. Horas después, Macumba. Todas ellas, templos de la noche madrileña, clausurados en una sola jornada de hiperactividad municipal. Fuentes municipales aseguraron que los precintos continuarán produciéndose en los próximos días.
La muerte de Álvaro Ussía va a tener, sin duda, consecuencias. De momento, las está teniendo sobre una anquilosada maquinaria burocrática que chocaba con una legislación obsoleta y con muchas trabas judiciales, según explican algunos responsables locales.
En los casos concretos de ayer, la sala Riviera y Macumba fueron cerradas por orden de urbanismo; MOMA, por la junta de Chamberí, y But, por la de Centro. «Habrá más, puntualmente, en los próximos días», advirtieron en el Gobierno local. De hecho, el pasado miércoles el alcalde informó de las acciones en curso sobre varios locales, y citó los casos de Castellana 8 y Dink (calle Amaniel), el primero en trámite de audiencia «como paso previo al cese de actividad» y el segundo con una orden de precinto «levantada cautelarmente».
En el Ayuntamiento aseguraban ayer que la ofensiva iniciada era «fruto de expedientes abiertos hace mucho tiempo», y lo desvinculaban del suceso del Balcón de Rosales. Sin embargo, la coincidencia de clausuras en una sola jornada resulta muy llamativa.
A consultas
Según pudo saber ABC, en las últimas 48 horas los presidentes de las juntas de distrito han sido llamados a consulta al área de Urbanismo, que se ha convertido en el «motor» de esta ofensiva. «El papel que no está haciendo el área de coordinación territorial, lo está asumiendo Urbanismo», explicaron. En esos encuentros, la concejal Pilar Martínez ha pedido unificar criterios a la hora de tratar los expedientes disciplinarios, y se mostró partidaria de que «las juntas ejecuten y las áreas dirijan y gobiernen».
Los ediles de distrito se quejan de la lentitud de la tramitación administrativa de los expedientes a locales: «Antes o después, los terminamos cerrando, pero el procedimiento es muy complicado» y «muchas veces, los jueces tampoco ayudan». Por ejemplo, indican, suelen echar atrás la medida de «cierre cautelar» que se incluye en la Ley de Espectáculos Públicos: «La sustituyen por una multa, pero en el 95 por ciento de los casos no las pagan porque funcionan a través de empresas interpuestas».
Un caso concreto ilustra esta situación: un local madrileño precintado en marzo de 2007, cuyo dueño ha levantado el precinto en varias ocasiones. «La Policía Municipal lo detiene y lleva a comisaría, pero al día siguiente vuelve a romper el precinto», sin que la autoridad judicial haya actuado.
«Chivos expiatorios»
Sin embargo, la ofensiva de Gallardón contra las discotecas y salas de ocio nocturno no ha sentado nada bien en las asociaciones del sector. Asfydis (empresarios de salas de fiesta y discotecas) recuerda que ya realizaron en 2003, en colaboración con la Delegación del Gobierno y la Comunidad, cursos de formación de porteros, a los que «acudieron más de 300» y se suspendieron por «problemas económicos».
La asociación también denuncia que las administraciones locales «vulneran los plazos legales de concesión de las licencias». Además, se mostraron enfadados porque «forma parte del protocolo de la administración demonizar a modo de chivo expiatorio a nuestro colectivo» cuando ocurre un suceso de este tipo.