Por sorpresa y sin recibir aún la notificación judicial, Ricardo Jaime, secretario de Transportes del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ha intervenido, en persona, Aerolíneas Argentinas (AA), compañía participada mayoritariamente por Marsans a través de Interinvest. La decisión, considerada una “vergüenza” por la empresa, se produjo mientras el Congreso termina de perfilar un proyecto de ley para expropiarla y la presidente realiza una gira por el norte de África.

Jorge Molina, subgerente general de AA , expresó su malestar y asombro ante lo que considera un “claro atropello” y un “abuso de sus funciones” por parte de Jaime que se metió, físicamente, en la sede de AA. “En Argentina todavía existe la división de poderes. Se supone que legislativo, judicial y ejecutivo deben respetarse. Lo que ha hecho Jaime es una clara injerencia en el Poder Judicial. ¿Desde cuándo un secretario de Transportes tiene atribuciones para ejecutar una resolución judicial de la que, por cierto, aún no tenemos comunicación oficial?”, se preguntaba Molina sin ocultar su desconcierto.

El ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, solicitó a un juez una orden de intervención para, en palabras de Molina, “controlar lo que está pasando con un interventor”. La compañía y el Gobierno argentino habían suscrito en julio un acuerdo de compra venta pero esta semana, tras múltiples desencuentros, se convirtió en papel mojado. Según el mismo, ambas partes se comprometían a presentar sendas auditorias para acordar un precio y en caso de disenso recurrir a un tercer auditor de mutuo acuerdo.

La tasación que presentó Marsans, realizada por el Credit Suisse, le daba un valor cercano a los cuatrocientos millones de dólares mientras que la del Ejecutivo argentino aseguraba que la compañía tenía un valor negativo de más de ochocientos millones. El Ejecutivo rechazó recurrir a un tercer tasador y animó en el Congreso una ley para expropiar la compañía antes de que la Cámara de Diputadas valorase tanto AA como su filial Austral en un peso, equivalente a unos 30 céntimos.

El golpe de efecto del Gobierno, asestado en ausencia de la presidenta, tuvo un efecto demoledor en el ánimo de los directivos de Aerolíneas que horas antes habían hecho llegar una carta a Cristina Kirchner en la que le daban un ultimátum de una semana antes de recurir al Ciadi (tribunal internacional que depende del Banco Mundial) y responsabilizaban a su Gobierno de la crisis de la compañía. Entre otros reproches, Marsans acusaba a la actual Administración y a la anterior de Néstor Kirchner, de incentivar las huelgas sindicales –hay seis sindicatos- que ahogaron a la compañía y favorecer a la competencia con subsidios y rutas.