Los «okupas» han llenado el edificio de pancartas FOTO: G. D. O
Actualizado Miércoles, 19-11-08 a las 11:28
El edificio de la discordia está en la calle Atocha número 49. Allá por el mes de marzo, diferentes colectivos del barrio de Lavapiés decidieron «okuparlo» aprovechando el estado de abandono en el que se encontraba. Según dicen en sus comunicados, su objetivo era «revitalizar el tejido organizativo del barrio».
Pero su proyecto, como tantos otros del movimiento «okupa» antes, ha quedado truncado por una resolución judicial. El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid decretó hace diez días el desalojo. Ahora sólo falta que la Policía haga efectivo el auto del juez.
La resolución judicial atiende a los requerimientos de la propietaria legal del edificio, la empresa Atocha 49 S. L., propiedad a su vez de Inversiones Paduana S. A. y Acume S. L. Detrás de esta maraña societaria están personas que tuvieron responsabilidad en el Ayuntamiento de Marbella en los años en que Jesús Gil estuvo al frente y que figuran como imputados en los sumarios abiertos a raíz de la «Operación Malaya».
En concreto, se trata de María Pilar Román, hija del ex teniente de alcalde marbellí en época de Gil, Pedro Román y de Javier Pérez Villena, hijo de una de las personas que figura en las actuaciones como uno de los supuestos testaferros de Juan Antonio Roca. María Pilar Román, al igual que su padre, está imputada por la comisión de delitos como cohecho o blanqueo de capitales.
ABC.es intentó ayer contactar con alguno de los representantes de este entramado empresarial en los domicilios que figuran como sus sedes sociales, pero en ninguno de ellos recibió respuesta.
A la espera de que los agentes desalojen a los «okupas», estos continúan con su programa de actividades, que comprende desde talleres de yoga hasta seminarios sobre la historia del movimiento «okupa» en Madrid. Según explicó uno de los asiduos del edificio desde que este está «okupado», «la Policía estas cosas suele hacerlas por la noche». Así las cosas, la noche menos pensada tendrán que hacer las maletas. Pero, como han advertido ya en una carta abierta a los propietarios, «no será un adiós, sino un hasta luego».
Pero su proyecto, como tantos otros del movimiento «okupa» antes, ha quedado truncado por una resolución judicial. El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid decretó hace diez días el desalojo. Ahora sólo falta que la Policía haga efectivo el auto del juez.
La resolución judicial atiende a los requerimientos de la propietaria legal del edificio, la empresa Atocha 49 S. L., propiedad a su vez de Inversiones Paduana S. A. y Acume S. L. Detrás de esta maraña societaria están personas que tuvieron responsabilidad en el Ayuntamiento de Marbella en los años en que Jesús Gil estuvo al frente y que figuran como imputados en los sumarios abiertos a raíz de la «Operación Malaya».
En concreto, se trata de María Pilar Román, hija del ex teniente de alcalde marbellí en época de Gil, Pedro Román y de Javier Pérez Villena, hijo de una de las personas que figura en las actuaciones como uno de los supuestos testaferros de Juan Antonio Roca. María Pilar Román, al igual que su padre, está imputada por la comisión de delitos como cohecho o blanqueo de capitales.
ABC.es intentó ayer contactar con alguno de los representantes de este entramado empresarial en los domicilios que figuran como sus sedes sociales, pero en ninguno de ellos recibió respuesta.
A la espera de que los agentes desalojen a los «okupas», estos continúan con su programa de actividades, que comprende desde talleres de yoga hasta seminarios sobre la historia del movimiento «okupa» en Madrid. Según explicó uno de los asiduos del edificio desde que este está «okupado», «la Policía estas cosas suele hacerlas por la noche». Así las cosas, la noche menos pensada tendrán que hacer las maletas. Pero, como han advertido ya en una carta abierta a los propietarios, «no será un adiós, sino un hasta luego».
