El Gobierno responderá a las exigencias del G-20 con fuertes inversiones en obra pública

La CE invocará la flexibilidad del Pacto de Estabilidad para no sancionar a los países que aumenten el déficit

18/11/2008 a las 08:03h.

Los líderes del «G-22» pactaron el pasado sábado poner en marcha medidas de estímulo fiscal para hacer frente a la crisis económica. El estímulo fiscal sólo incluye dos tipos de acciones: o se aumentan los gastos o se bajan impuestos. Y en España parece que vamos por la primera de estas dos vías.

Aunque el Gobierno espera a que la Comisión Europea dé el primer paso y no anunciará ninguna propuesta hasta que la Unión ponga encima de la mesa su plan, fuentes consultadas por ABC apuntan a que las iniciativas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pasarán por presentar un nuevo plan de inversiones en obra pública que irán más allá de la construcción o mantenimiento de carreteras. De hecho se están estudiando aquellos sectores con infraestructuras deficitarias, para poner en marcha nuevos proyectos de cárceles, edificios públicos, etc. El argumento es que por cada empleo que se genera en la construcción de una carretera, se crean cuatro si lo que se construye es un edificio.

En materia energética, se impulsará el plan de energías renovables para cumplir con los objetivos establecidos por la UE de que en 2020 el 20% de la generación sea de energías renovables. Aunque abrir el debate nuclear y comenzar a construir alguna central sería una fuente importante de empleo, según los expertos consultados, el presidente del Gobierno no quiere ni oír hablar del asunto.

En materia fiscal, Rodríguez Zapatero tiene algunas propuestas de asesores encima de la mesa, como una posible rebaja del Impuesto de Sociedades para las pymes o incluso bajar las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta. Pero, por el momento, el vicepresidente económico descarta nuevas bajadas de impuestos.

Mientras tanto en Bruselas se dan los últimos toques al plan de reactivación económica que anunciará la próxima semana el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. En síntesis la idea es recurrir a los actuales mecanismos de flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la base del euro, que permiten que en épocas de crisis se puedan dejar de cumplir algunas de sus exigencias.

La primera que se dejará para mejores tiempos será la del tope del 3% de déficit público sobre el PIB, que limitaba hasta ahora el gasto público de los países si no querían enfrentarse a un expediente sancionador en Bruselas por déficit excesivo. Tanto Barroso como el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, han insistido en que el Pacto de Estabilidad no se va a abolir, sino que se van a utilizar los actuales mecanismos de flexibilidad para situaciones de crisis, como sin duda es la actual, con la Eurozona sumida en la primera recesión económica de su historia.

Además está previsto que se adelanten pagos de los Fondos Estructurales que estaban presupuestados para más adelante, de modo que las diferentes obras públicas que estaban previstas para realizar a medio plazo se adelanten y, de este modo, se consiga parar la destrucción de empleo que la finalización de las obras privadas están provocando, especialmente grave en el caso de España.

Entre los cambios también se verá afectado el Departamento de Competencia, ya que se prevé que se aligeren las normas de protección de la libre competencia, lo que supondrá que ayudas de Estado que hasta ahora eran impensables podrán presumiblemente pasar el filtro de Bruselas, dada la situación excepcional de crisis económica. Uno de los sectores que podría verse beneficiado de esta nueva «manga ancha» es el de los fabricantes de automóviles, que lleva meses pidiendo ayudas públicas para poder resistir la crisis.

Se prevé asimismo que el Banco Europeo de Inversión (BEI) reciba un nuevo mandato por parte del Consejo de la UE para que aumente su actual línea de apoyo financiero a las pymes. Entre enero y octubre de este año el BEI ha firmado préstamos por importe de 29.000 millones de euros en el conjunto de los países europeos, de los que 1.784 han ido a parar a España.