ELENA CARRERAS Los acusados de estafar a varios propietarios de solares con la venta de chalés, en el juicio
Martes, 18-11-08
Un juez ha castigado con penas de cárcel a dos propietarios de un piso de la calle Servet de Barcelona por «mobbing» (acoso) inmobiliario a sus inquilinos, que durante tres meses soportaron que les cortaran repetidamente la luz y el agua e incluso que les sellaran con silicona la puerta de su casa. Este fallo es pionero en Cataluña, dado que hasta ahora los casos de acoso inmobiliario se han saldado en condenas civiles o, en todo caso, en faltas de coacciones, mientras que ésta reconoce que el «mobbing» puede constituir delito.
En la sentencia, informa Efe, el juzgado de lo penal número 13 de Barcelona condena por coacciones a penas de un año de prisión cada uno a los hermanos Alfonso y Pere Janer, que también deberán indemnizar con 3.300 euros a la pareja de inquilinos por las «molestias» que sufrieron.
Los condenados son propietarios de una planta baja situada en la calle Servet de Barcelona, que en noviembre de 2003 tenían arrendada por 600 euros a una sobrina suya que la compartía con la pareja de denunciantes, con los que había acordado que podían seguir en la casa si ella la dejaba porque el contrato duraba 5 años.
En abril de 2004, al quedarse embarazada, la sobrina de los dueños dejó el piso de la calle Servet, pero sus dos compañeros siguieron viviendo en ella y pagando las mensualidades correspondientes a los propietarios que, a finales de año, les propusieron subir el alquiler. Al negarse a aceptar el nuevo precio, en marzo de 2005 los dueños del piso dejaron de cobrar el importe a los inquilinos, que desde entonces estuvieron consignando los pagos a través del juzgado.
A lo largo de tres meses, los procesados dieron de baja el piso de agua y suministro eléctrico, arrancaron hasta en tres ocasiones la instalación eléctrica, cerraron el acceso a la llave de paso y obstruyeron la puerta de la vivienda, entre otras acciones.
A consecuencia de ese acoso inmobiliario, añade el juzgado, los inquilinos sufrieron «graves trastornos de higiene y salubridad» y se vieron obligadas a abandonar el domicilio en noviembre del año 2005.
Estafa en familia
Por otra parte, la Audiencia de Barcelona comenzó a juzgar ayer a cinco personas a las que se acusa de estafar a 84 propietarios de solares -en su mayoría, parejas-, ofertándoles la construcción de chalés prefabricados en sus terrenos que no se edificaron, pese a cobrarles por algunos trámites y gestiones previas.
En el banquillo de los acusados se sentaron Salvador S. C. -el máximo responsable de un entramado de sociedades constructoras cuya matriz era la empresa Rivador S.L.-, así y como cuatro empleados suyos: su hijo, Víctor S. C., el primo hermano de su nuera, Xavier S. O., José Luis M. M. y Maria Victoria C. C. El fiscal pide para cada uno seis años de prisión por estafa, además de exigir que indemnicen a los perjudicados.
Durante su declaración, Salvador S. C. negó que engañaran a nadie y aseguró que «nunca cobramos por trabajos que no hicimos». Además, afirmó que sus empresas llegaron a entregar unos 200 chalés acabados en varias localidades de Cataluña y Aragón. Sólo en unos 50 casos, señaló Salvador S. C., los de las de las personas que le denuncian, no se pudo construir el chalé.Pero en la mayoría de estos casos, en 39, sentenció, «fue por culpa del cliente», por no llevar a cabo las gestiones pertinentes previas a la construcción y que corrían a su cargo, como el encargo de un estudio geotécnico.