Imagine estar tranquilamente en su sofá disponiéndose a ver, y escuchar, el telediario. Cada tres minutos un avión sobrevuela su casa a baja altura varias horas diarias la mayoría de los días del año. Esto es lo que han vivido los vecinos de una urbanización madrileña sólo porque sus casas se encuentran «enclavadas» en una de las rutas que los aviones utilizan para aterrizar en Barajas. Tras años de pleitos acaban de lograr que el Tribunal Supremo reconozca que esta situación vulnera su derecho a la intimidad y obliga al Ministerio de Fomento a adoptar las medidas necesarias para acabar con esta situación.

Sin embargo, en España no hace falta vivir cerca de un aeropuerto ni de grandes infraestructuras de comunicación, como autopistas o líneas ferroviarias, para soportar niveles de ruido que están por encima de la legalidad, no ya de lo tolerable. Nuestro país es el más ruidoso de Europa y compite con Japón por el primer puesto mundial, aunque en este país la contaminación acústica procede en su gran mayoría del despliegue de infraestructuras, mientras que en España entra en juego el factor ocio, según explicó a ABC Joaquín Herrera, abogado y vicepresidente de Juristas contra el Ruido, una asociación que se creó en el año 2000 y que cuenta con letrados especialistas en este problema en todas las provincias españolas.

España no sólo encabeza la lista de «ruidosos», sino que es el único país con dos condenas (1994 y 2004) del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por este motivo. No son las únicas sentencias. El propio Tribunal Constitucional desestimó el amparo solicitado por el dueño de un pub de Gijón, que había sido sancionado por rebasar los límites sonoros, por considerar que el exceso de ruido atenta contra los derechos fundamentales. En aquella sentencia el Constitucional argumentaba que «el ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos».

De zorros y gallineros

Esa perturbación se traduce en «angustia». Esa es la palabra que con mayor frecuencia repite Ignacio Sáinz, presidente de la Plataforma Estatal contra el Ruido, quien lleva 14 años soportando niveles superiores a 80 y 90 decibelios en su vivienda de Zaragoza. El problema no es otro que en tres o cuatro calles de su barrio se «hacinan» 86 locales de copas. «Los Ayuntamientos conceden licencias pared con pared», afirma. Y el problema tiene difícil solución, porque precisamente son los Ayuntamientos los que tienen las competencias para aplicar la Ley del Ruido. «Es como darle a un zorro las llaves de un gallinero», explica Sáinz, quien junto a unos 50 vecinos más fueron los primeros en ganar un contencioso-administrativo por el ruido que soportan, fallo que el Ayuntamiento de Zaragoza recurrió y ahora están a la espera de una nueva sentencia. «A los Ayuntamientos les sale más a cuenta perder un contencioso que tomar las medidas para evitar el ruido», dice rotundo.

Cincuenta consultas diarias

Y no parece ir desencaminado cuando a la red de abogados que Juristas contra el Ruido tiene en todas las provincias españolas llegan a diario más de 50 consultas. Y es que, como explica Ignacio Sáinz, «a los afectados sólo nos queda acudir a los tribunales como única medida». Según Herrera, el 90 por ciento de los casos se ganan, pero hasta llegar hasta ahí los afectados han tenido que pasar por un verdadero calvario psicológico y también económico. Psicológico porque no se esteblecen medidas cautelares mientras dura el proceso. Y económico porque, además de la provisión de fondos para los abogados, la ley dice que «sin medición no hay ruido».

El problema aquí está en que la Polícia Local no tiene los medios para hacer correctamente estas mediciones. Según Francisco Domingo, quien tiene una empresa que realiza este tipo de estudios acústicos, «un sonómetro por sí mismo no es nada; detrás de un sonómetro tiene que haber un profesional cualificado, pues hay que tomar una serie de datos al margen del nivel del sonómetro». Si no se cuenta con todo el equipo necesario y un profesional que lo realice -continúa Domingo- «nos podemos encontrar con aberraciones en los informes». Según explica, ha habido casos de técnicos del Ayuntamiento y policías locales haciendo mediciones con rangos de medida superiores a los inferiores que marca la legislación.

Por tanto, como sin medición no hay ruido, finalmente «la carga de la prueba se ha pasado al afectado», dice Joaquín Herrera. Y los costes también. Según explica Francisco Domingo, dependiendo de la complejidad del estudio acústico a realizar, de la localidad a la que haya que desplazarse y del tiempo que dure el trabajo, los costes pueden ir desde 400 o 500 euros hasta los 2.000 euros. Por tanto, no todo el mundo puede permitirse empezar un proceso contra el infractor. Aún así, Econatura, la empresa de Domingo, realiza entre 200 y 300 mediciones al año.

Y es que diferentes estudios realizados hasta ahora sobre la contaminación acústica en nuestro país han concluido que dos de cada tres habitantes de ciudades españolas soportan ruidos inaceptables. Aún así, sólo nueve de las diecisiete ciudades españolas de más de 250.000 habitantes disponen a día de hoy de su propio mapa de ruido, uno de los requisitos de la Ley de Ruido, aprobada en el año 2003.

La Organización Mundial de la Salud ha sugerido un valor estándar para los niveles medios de ruido al aire libre de 55 decibelios, mientras que la normativa europea recomienda que no sobrepasen los 65. Pero esto es al aire libre. En una vivienda el ruido de inmisión producido por actividades no debe superar los 25 decibelios.Los estudios sobre el ruido muestran que la mayoría de la población se siente molesta a partir de 55 decibelios en situaciones comunes de actividades exteriores y a partir de 60 cuando se participa en una conversación. Se consideran los 75 decibelios como la zona de fatiga; por encima de 80 todo el mundo lo considera molesto y puede causar enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos o desarreglos físicos; y a partir de 120 la intensidad sonora resulta dolorosa.

Mientras tanto, los afectados siguen esperando a que las Administraciones respeten sus derechos. Y lo tienen claro: «La espera del ruido que va a venir es lo más angustioso».