España era el país más ruidoso del mundo (después de Japón). Ahora ocupa ya el primer puesto. Este ascenso en el ranking tiene sus causas: Las normas las elaboran las Administraciones, central y autonómica, que aplican las locales. En los Ayuntamientos priman otros diversos intereses y el tema medio ambiental queda diluido frente al económico y cada día es más difícil escuchar a los vecinos. El ruido se ha ido convirtiendo en un tema político (a pesar de ser técnico) y los gobernantes propugnan lo contrario que la oposición. Independientemente de lo lógico o ideológico. Diferir es subversivo o «antiprogresista».

Esto llega a revestir tintes sarcásticos cuando algún alcalde felicita a vecinos por ganar pleitos después de que el Ayuntamiento ha defendido denodadamente el asunto contra el medio ambiente. La protección ambiental se convierte en declaraciones teóricas y las ordenanzas de ruidos en papeles de adorno.

Además las normas europeas no están adaptadas a la realidad social española, donde el ruido vecinal y del ocio es el que agobia y preocupa a los vecinos, mientras estas normas regulan los ruidos que emanan de las infraestructuras. La eficacia del sistema implantado es casi nula, los mapas de ruido sólo contemplan parcialmente el problema y dan soluciones a lustros vista, operando como un sistema artificioso y poco armónico.

Si a ello añadimos la colitis normativa; la excesiva tecnificación; la carencia de medidas cautelares; la consideración de que no hay ruido sin medición; la falta de preocupación en cumplir la regulación ambiental y la descoordinación administrativa, el retraso crónico y colapso de la jurisdicción contencioso administrativa e inejecución de sentencias, nos merecemos la medalla de oro.

La defensa del Estado de Derecho es una exigencia constitucional y un derecho fundamental de todos los españoles.La receta es sencilla: la cautela y la audiencia a los vecinos evita la corrupción del sistema.