El Consejo de Gobierno de Castilla y León, en su reunión habitual de todos los jueves, no valoró el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el que se suspende de forma cautelar la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía «porque nunca valoramos las sentencias», si bien, según reconoció Jose Antonio de Santiago-Juárez, «permite dar cobertura legal a aquellos alumnos que no quieran estudiar la asignatura».

El consejero de la Presidencia indicó que, de esta forma, el auto se hace extensible a los 106 alumnos que presentaron ante el TSJ un recurso de reposición contra la obligatoriedad de cursar EpC, pero, además, los servicios jurídicos de la Junta estudian la posibilidad de ampliar esa no obligatoriedad a todos aquellos alumnos que hayan objetado de la asignatura.

«Discurso coherente»

De Santiago-Juárez explicó que la Junta «siempre ha mantenido un discurso coherente en el marco de la legalidad y siempre hemos dicho que no nos gustaba nada la asignatura pero que había que implantarla por imperativo legal». A su juicio, «no había ninguna sentencia que nos permitiese hacer otra cosa y por responsabilidad política dijimos que aquellos alumnos que no la cursaran se verían privados del título».

Sin embargo, a juicio de De Santiago-Juárez, las cosas han cambiado sustancialmente con el auto del TSJ «y ahora tenemos cierta cobertura legal», razón por la cual «los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de ampliar la no obligatoriedad a otros alumnos objetores aunque no hayan presentado recuso de reposición.

Para José Antonio de Santiago-Juaréz, esta ampliación no supone alentar a más alumnos a que también objeten, sino que «parece más sensato no esperar a que se presenten más recursos, al tiempo que recordó que la objeción es una decisión libre y que, en cualquier caso, la resolución del TSJ es una medida cautelar y habrá que esperar a la decisión definitiva del Tribunal Supremo.

El portavoz de la Junta denunció «el grado de inseguridad» que ha provocado entre los alumnos el Gobierno de Zapatero «al meter a capón una asignatura que por falta de sensibilidad se ha negado a negociar».

Currículum

De Santiago-Juárez recordó que la Junta siempre se ha opuesto a Educación para la Ciudadanía «que no tenía por qué ser obligatoria» y recordó que el Gobierno regional descargó la carga ideológica del currículum de la asignatura, razón por la cual fue recurrido por la Administración central. «Nosotros hemos sido extraordinariamente prudentes -aseguró el portavoz de la Junta y hemos dado un ejemplo en el mapa nacional». «Ahora que son tan amigos de pedir pactos -en referencia al PSOE- que pidan también un pacto por la educación, porque en los años de Democracia hemos conocido ya cinco leyes modificando el sistema educativo», puntualizó.

«Acata y acepta»

También ayer se pronunció en Palencia el viceconsejero de Educación Escolar Fernando Sánchez Pascuala, quien aseguró que la Junta de Castilla y León «acata y acepta» la suspensión cautelar dictada por el TSJCYL respecto a la denegación que el propio Gobierno regional dictó sobre la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sánchez Pascuala anunció además que la Consejería de Educación va a aplicar un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo «para extender los efectos de la resolución judicial al resto de familias que presentaron un recurso administrativo respecto a nuestra denegación inicial». Según el viceconsejero de educación, «esta medida evitará perjuicios a los alumnos».

Por otro lado, Sánchez Pascuala recordó que la Junta de Castilla y León siempre ha pensado «que la asignatura no estaba bien configurada y en ningún caso debería ser obligatoria». «Y siempre consideramos que era la justicia la que tenía que pronunciarse, como así ha sido, por lo que nuestra postura ha sido siempre coherente», informa Raúl González.

Por su parte, Rosa Valdeón, como responsable de la política educativa del PP castellano y leonés, mostró ayer su satisfacción por el auto del TSJCyL, que calificó como un «pasito para corregir algo mal hecho desde el comienzo». En este sentido, Valdeón afirmó que esta asignatura no hubiese creado tal conflicto si fuese «optativa», algo, que en su opinión, que se podría haber logrado si el Gobierno «hubiese pactado con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, y no con minoritarios como ha hecho». A su parecer, una cuestión educativa de tal calado debe alcanzar el mayor acuerdo ciudadano posible y «eso no se logra excluyendo al PP».

La alcaldesa de Zamora reconoció que urge que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta cuestión, pues «estamos viviendo la paradoja que de hay sentencias diferentes según las comunidades donde se salga».

De todo modos, Rosa Valdeón recordó que la Junta se ha visto por imperativo legal, hasta esta sentencia, a incluir la asignatura a pesar de que «no está de acuerdo con ella». Valdeón recordó que la Consejería de Educación ha eliminado del temario de Educación para la Ciudadanía todas aquellas cuestiones más polémicas, pues «un gobierno no debe de adoctrinar», informa F. Iglesias.

La resolución también fue recibida con satisfacción por parte de los padres objetores a Ciudadanía de Castilla y Leon que han visto así como son atendidas su demanda de no cursar la asignatura y encontrar además un respaldo legal.