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El Pleno de la Sala Penal propina este revés al magistrado antes de pronunciarse sobre su competencia
Sábado, 08-11-08
La Audiencia Nacional acordó ayer la paralización de todas las actuaciones que Garzón está llevando a cabo en la causa de los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, entre ellas la apertura de fosas para exhumar los restos de los represaliados del «bando» en el que el ha centrado su investigación: el republicano.
El Pleno de la Sala Penal tomó esta decisión, que supone un duro revés a la actuación del magistrado, con diez a favor y cinco en contra, y después de una convocatoria extraordinaria que se llevó a cabo para estudiar la petición de paralización de las diligencias formulada por la Fiscalía a primera hora de la mañana. El Ministerio Público había pedido a la Sala que adoptara las medidas oportunas para evitar que determinadas actuaciones del juez puedan causar «a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación» en caso de que más adelante la Audiencia Nacional considere que el magistrado no es competente para investigar los hechos.
La decisión de los magistrados (el Pleno contó con tres ausencias: Enrique López, Clara Bayarri y de José Ricardo de Prada) afecta en la práctica a fosas ubicadas en veinticinco lugares distintos de España, que van desde Granada, donde se encuentra la fosa de Federico García Lorca, a un columbario del Valle de los Caídos (Madrid). [Ver gráfico]
No más exhumaciones
En el auto en el que Garzón se declaró competente para investigar estos hechos, ya autorizó la apertura de 19 fosas, mientras que la providencia dictada por el juez Pedraz (que sustituye a Garzón, de baja médica) el pasado 29 de octubre aludía a otras seis peticiones de exhumación. Todas aquellas que no se hayan realizado a día de hoy ya no podrán llevarse a cabo, al menos de momento.
La clave de la medida cautelarísima adoptada ayer por los magistrados (los cinco discrepantes han anunciado un voto particular) es el artículo 22.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se basó la Fiscalía de la Audiencia Nacional para pedir la paralización de las actuaciones.
En relación a la cuestión de competencia del juez instructor, sostiene este artículo que mientras la misma no se aclare se seguirán practicando «las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquéllas otras que se consideren de reconocida urgencia». Dicho de otro modo, los magistrados entienden que la apertura de fosas no es una actuación que pueda considerarse urgente, sino que puede esperar a que el Pleno de la Sala Penal decida sobre la competencia del juez. Además, como informaron fuentes jurídicas, si finalmente el Pleno considera que Garzón no es competente para instruir esta causa, todas las diligencias practicadas podrían declararse nulas.
Este punto ya lo vaticinó la Federación Estatal de Foros por la Memoria el 25 de octubre, cuando pidió que no se iniciara ninguna exhumación hasta que se aclare el «grave problema de competencia» que puso de manifiesto la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El portavoz de la federación, Gregorio Dionis, señaló entonces en una rueda de prensa que «la inhabilitación competencial de Garzón significaría dejar sin validez la fuerza judicial de las pruebas que suponen cadáveres y fosas».
Tan pronto como esté redactada la resolución adoptada ayer por el Pleno y el voto particular concurrente (suscrito por cinco magistrados) la misma se hará llegar a los juzgados ordinarios de las localidades que se pueden ver afectadas por el acuerdo de la Sala: todas aquellas en las que se encuentran las fosas cuya apertura autorizó Garzón.
«Antesala del archivo»
La paralización de estas actuaciones no tiene por qué tener un carácter permanente, pues esta medida cautelarísima podría levantarse si el Pleno que ha de resolver el incidente presentado por la Fiscalía entiende que la Audiencia Nacional sí es competente para investigar los hechos.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por ABC ven en la decisión de la Sala Penal (de convocar un pleno extraordinario ayer) la antesala del archivo de la investigación de Garzón. Sostienen esas fuentes que si la Sala estuviera de acuerdo con la causa abierta por el juez habría esperado a la celebración del Pleno en el que se tiene que estudiar la competencia, con independencia de que hasta entonces se hubieran abierto más o menos fosas. Ese Pleno se reunirá en las próximas semanas, tan pronto como la Sala Penal reciba los informes de las partes (y del propio Garzón) sobre la procedencia del incidente de competencia presentado por la Fiscalía. Es precisamente la actuación de la Fiscalía la que puede haber motivado el voto particular, que podría girar en torno a cuestiones procedimentales: por un lado, el Ministerio Público recurrió la competencia de Garzón ante la Sala Penal sin haberlo hecho previamente ante el propio juez; y por otro, no recurrió ninguna de las providencias dictadas hasta ahora por el instructor.
Desafío a los jueces
Las reacciones a la decisión del Pleno no se hicieron esperar. El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, la calificó de «grotesca» y «bastante desagradable», pues supone «prohibir un derecho fundamental» a las familias que llevan décadas esperando a desenterrar a sus «seres queridos».
Macías señaló que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica piensa abrir hoy mismo una fosa común en Huelva, aunque no es de las incluidas en la investigación de Garzón. Aun así, y aunque lo fuese, dijo, «daría igual» porque lo harían de igual forma, declaró a Servimedia.
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