Viernes, 07-11-08
A. R. VEGA
CÓRDOBA. El sueldo de los concejales con dedicación exclusiva es un tema menor si se compara con lo verdaderamente importante, que son las demandas reales de los cordobeses de cara a la actual incertidumbre económica y la sombra acechante del paro.
Sin embargo, este tema en apariencia menor, porque sólo afecta a la clase política, se convirtió en el asunto estrella del debate del Pleno convocado para aprobar las recetas económicas con vistas a sanear las arcas locales entre 2009 y 2011 -como resultado del exceso de endeudamiento contraído en 2008-, y subir los impuestos y tasas un 4,5% de media a los contribuyentes.
Las cuentas domésticas de los concejales, sus retribuciones, acabaron solapando las cuentas de toda una ciudad el mismo día en que los periódicos informaron de que octubre se cerró con 32.244 desempleados en la capital, un 22,6% más que hace un año.
El detonante de esta polémica es una reforma del reglamento de funcionamiento del Consistorio que se aprobó ayer con el rechazo del PP, cuyo aspecto más espinoso es que a partir de ahora los concejales pasarán a estar liberados por el Ayuntamiento siempre y cuando lo apruebe el Pleno y con cargo a cada presupuesto anual. Según la norma vigente desde 2005, acordada entonces por unanimidad por todos los grupos, el Consistorio se limitaba a aceptar la propuesta de ediles con dedicación exclusiva que presentara cada grupo político. El reglamento también implica que las comisiones de investigación se acordarán por mayoría absoluta y no simple, como hasta ahora. Pero de esto no se habló nada.
El PP centró su discordia en el citado artículo 8 que regulaba las retribuciones. Su portavoz, José Antonio Nieto, aseguró indignado que «tan importante es este artículo que justifica que votemos en contra», al tiempo que anunció que una de sus primeras medidas si gobierna será revocarlo.
El concejal popular rompió el hermético silencio que hasta ahora había mantenido durante las negociaciones del reglamento para advertir que «es un paso atrás». Este grupo político cuenta con 11 ediles con sueldo municipal en régimen de total dedicación, con la excepción de dos miembros que cobran por la Diputación y el propio Nieto, que cobra del Parlamento andaluz. En el PSOE todos sus representantes perciben emolumentos de la Administración local, al igual que en IU, con la excepción de la edil de Educación, Elena Cortés, que tiene la asignación como portavoz en la Diputación.
«Estamos condenando a mucha gente a que no pueda formar parte del Ayuntamiento», avisó el portavoz del PP. Añadió que en el ejercicio público se requiere un sacrificio que «es imposible» compaginarlo con otra dedicación y se refirió a estas retribuciones como un «derecho». Con medidas de este tipo, llegó a decir, «se pone en cuestión el trabajo de aquellos que han sido elegidos por la mayoría de los cordobeses».
Este asunto, tan sensible y delicado para los capitulares, derivó en un duro rifirrafe con alusiones y ataques personales entre Nieto y la alcaldesa, Rosa Aguilar. La regidora, sorprendida, juzgó «lamentable» que «por los salarios de sus concejales vote en contra de los reglamentos» y se preguntó si el motivo del enfado es que «teme que ahora, en lugar de cobrar 11 ediles, vayan a cobrar menos». «Lo dice después de las soflamas que suelta sobre que va a reducir el gasto en personal y asesores», lo rebatió Aguilar, que lo acusó de «demagogia».
Para tranquilizarlo, la regidora le indicó que el cambio normativo «no significa que se vaya a traducir en una realidad», sino que se trata de cumplir la ley, como apostilló el portavoz de IU, Andrés Ocaña.
Por su parte, el responsable del PSOE, Rafael Blanco, replicó al PP que «de 311 artículos sólo le interesa uno», a lo que agregó que «nos merece igual respeto el trabajo del gobierno que el de la oposición».
El reglamento se aprobó con los votos en contra de la oposición, pero fue un leitmotiv que contaminó también la discusión sobre el denominado plan económico-financiero. Nieto aprovechó su intervención para culpar a la regidora de «frivolizar» con los salarios de un grupo político cuando «usted lleva más de 20 años disfrutando de ese derecho».
Reproches personales
La alusión personal hizo a la regidora saltar como un resorte poco antes de marcharse para inaugurar Joyacor. Aguilar reprochó al edil popular que «lleva desde el año 1995 y no ha ejercido nunca la profesión [de abogado] porque ha estado cobrando en la política», al tiempo que señaló que su nómina es de parlamentario andaluz porque «allí cobra más».
Aguilar quiso marcar distancias con Nieto, quien le enumeró después su currículum: «Yo no soy de las que piensan que estar en política significa cobrar, porque estuve años antes sin cobrar una peseta». Concluyó la regidora advirtiendo que «en tiempos en los que muchos trabajadores están perdiendo su puesto no merece la pena que empozoñemos el debate». Ya era tarde. Con la refriega sobre el sueldo de los ediles, a esas alturas, la crisis ya había pasado a un segundo plano.

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