No es una percepción subjetiva. Tampoco son reparos ante los tiempos de crisis: el taxi se vuelve imposible. La Entidad Metropolitana del Transporte aprobó ayer las tarifas del taxi para 2009, que recogen un incremento de precios medio del 6,2 por ciento, dos puntos por encima de la inflación, que previsiblemente cerrará el año entorno al 4,2%, según el último estudio de Caixa Catalunya. Como es tradicional, el sector y el Instituto Metropolitano del Taxi (Imet) justifican la subida por el incremento de los costes, sobre todo el gasóleo. «Tomando la referencia del carburante, el incremento debería ser incluso mayor», explica a ABC Miguel Ángel Martín, gerente del Imet, que recuerda que entre octubre de 2007 y octubre de 2008 el carburante subió un 22,6%; de 3.448 a 4.228 euros de gasto anual para un taxi.

El 6,2 por ciento de incremento por si sólo no va a suponer un grandísimo impacto sobre el coste de las carreras -sí notable-, aunque por el efecto acumulativo de pasados años sí que coloca el coste del servicio a un nivel que para muchos empieza a ser prohibitivo, más en los tiempos de crisis que corren. Desde 2002 -entrada en vigor del euro- el incremento medio acumulado del coste del taxi ha sido del 41,1 por ciento, mientras que la inflación en Cataluña durante el mismo periodo apenas llegará al 26.1%.

No obstante, una cosa es el incremento medio, y el otro el impacto directo sobre el usuario de los trayectos más habituales, los más castigados tarifariamente. Si en 2002 la bajada de bandera era de 1,10 euros, en 2009 será de dos, un incremento de casi el 100%. El precio por kilómetro ha pasado de los 66 céntimos a los 82.

OCUC: «No justificado»

«Entendemos que en el taxi se ha producido un aumento no justificado, menos cuando las mejoras en el servicio son casi inapreciables», apunta Albert Juan, del departamento jurídico de la Unión de Consumidores. Al respecto, señala que la justificación en base al incremento del carburante parece que sólo se aplica cuando éste sube, no cuando baja, como sucede ahora. Desde el Imet, Miguel Ángel Martín recuerda que el taxi, aunque calificado de servicio público, «es una actividad privada no subvencionada», y que la ley del Taxi de 2003 establece que «las tarifas tienen que cubrir el coste y generar un beneficio razonable». El límite de lo razonable, claro, siempre es relativo, así que desde 2003, y a raíz de las movilizaciones del sector, se encargó un estudio al Colegio de Economistas, que a partir de una fórmula fija determinó de manera automática el incremento de los costes. Así, por ejemplo, el carburante representa el 12% del cómputo total.

En este escenario, y con la recesión acechando a la vuelta de la esquina, el taxi para muchos se ha convertido en un lujo prescindible, algo que el sector ya ha empezado a notar. Y el aumento de las tarifas para 2009 no anima precisamente a que el cliente levante la mano y grite: «¡Taxi!»