LUZ DERQUI

VALENCIA. No se trata, ni mucho menos, de una medida novedosa. Antes que el instituto de Abastos de Valencia, otros muchos centros escolares recurrieron a las cámaras de seguridad para reducir los alarmantes datos de vandalismo o casos de violencia. Es el caso de varios institutos de la Comunidad, pero también de Madrid, Andalucía y Asturias. Aunque ahora ha servido para abrir un nuevo frente de polémica y agitar, un poco más, las aguas de la política educativa.

La decisión de instalar cámaras en los centros educativos, ante la escalada de actos vandálicos registrada, se comienza a gestar desde hace más de tres años. Unos centros optan por contratar seguridad privada; otros, que registran problemas a la entrada y salida de las clases, piden a la Policía Local que patrulle en las inmediaciones en horas clave como elemento disuasorio; y otros instalan sistemas de vigilancia.

No son casos aislados. En centros de toda España se han aprobado esta medidas con el fin de incrementar la vigilancia en los lugares donde se registran más destrozos o problemas, como son los pasillos. En 2006, más de una docena de institutos de Asturias contaban ya con cámaras de vigilancia para controlar los accesos, una medida que resultó eficaz para reducir las tasas de vandalismo registradas hasta entonces. También en Granada y Málaga, por poner sólo unos ejemplos, optan por esta medida, que en todo momento es controlada por la dirección y a cuyas imágenes no tiene acceso más que un reducido grupo de personas. Aunque en un primer momento las cámaras se limitaban a controlar los patios y el exterior del recinto escolar, poco a poco fueron introduciéndose en los centros en la misma medida que aumentaban los robos, roturas y casos de agresiones en su interior.

Aprobada por unanimidad

En el caso del instituto de Abastos, la medida fue aprobada por unanimidad el Consejo Escolar, órgano en el que están representados todos los sectores educativos: desde la dirección del centro hasta los alumnos, pasando por padres y sindicatos. A pesar de todo, los estudiantes criticaban esta semana lo que consideran un intento de convertir el centro educativo en «una prisión» y de tratar a los estudiantes como «delincuentes juveniles».

Por su parte, desde la dirección justificaban ayer la medida en la necesidad de atajar los robos de material registrados. Para ello, se han instalado 24 cámaras repartidas por el centro educativo, fundamentalmente en los pasillos, en accesos a patios exteriores y en la entrada a los servicios -la mayoría de los daños se producen en los cuartos de baño-, según explicó el vicedirector del instituto, Ángel Alpeñas, quien matizó que los lugares de vigilancia fueron consensuados. Además, se ha recurrido a un sistema de reconocimiento de huella dactilar para controlar los accesos.

«Ningún daño ni desperfecto»

Aunque polémica, la medida parece haber dado buenos frutos porque frente a los desperfectos del pasado año, valorados en 6.000 euros, desde que las cámaras empezaron a funcionar este curso, a principios de octubre, «no ha habido ningún desperfecto ni ningún acto que se haya tenido que consultar en las cámaras».

En cualquier caso, la controversia ha provocado que la Agencia Española de Protección de Datos haya ordenado una investigación con el fin de esclarecer si las cámaras instaladas vulneran la Ley Orgánica de Protección de Datos.