Tras las ayudas al sistema financiero, el Gobierno ha presentando las medidas sociales con las que facilitar a empresas y trabajadores a sobrellevar la crisis, unas medidas que desde la mayoría de los ámbitos políticos y sindicales llegan tarde, están poco pensadas y cuyos efectos ponen en duda. Aún así, a los cerca de 500.000 parados que tienen que afrontar el pago de su hipoteca no les vendrá mal poder pagar sólo el 50% de la cuota mensual de su crédito en los próximos dos años, y que al empresario que les contrate se le bonifique con 1.500 euros.
Estas son dos de las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para «dar respuesta y ponerse al frente de la situación difícil que atravesamos y que afectan a empresas, empleo y al propio bienestar de los ciudadanos». Por este motivo, las medidas anunciadas eran de carácter social, y supone acciones «fuertes e inmediatas», que se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes.
Medidas para las familias
A las familias hipotecadas el Gobierno les ofrece una «moratoria temporal parcial» en el pago de sus cuotas desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010. De esta forma la familia, que quiera acceder de forma voluntaria a esta fórmula, sólo tendrá que satisfacer el pago de la mitad de la cuota que le corresponde abonar, y 24 mensualidades como máximo. Eso sí, siempre que la hipoteca no supere los 170.000 euros, que el préstamo sea para primera vivienda y que haya sido solicitado antes del 1 de noviembre de 2008. Los requisitos para poder acceder a esta moratoria son:
- Ser trabajador por cuenta ajena y estar parado o perder el puesto de trabajo antes del 1 de enero de 2010.
- Ser autónomo con cargas familiares que haya cerrado su negocio o que acredite pérdidas que reduzcan sus ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Efectos de Renta Múltiple (IPREM), situado en en 516 euros.
- Pasar a ser pensionista de viudedad con cargas familiares.
La intención del Gobierno, que dice haber hablado con las entidades financieras, es que el Estado se haga responsable del 50% que queda aplazado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y que una vez superados esos dos años las cantidades aplazadas sean satisfechas en los siguientes 10 años, a través de un subprorrateo en su cuota mensual.
Además, se amplía de forma «excepcional» el plazo otros dos años de las cuentas ahorro vivienda para materializar el saldo, que en la actualidad es de cuatro año, sin que el suscriptor deba devolver sus deducciones ni perder sus derechos. Según el Gobierno, en la actualidad existen 180.000 cuentas de ahorro vivienda.
Otra de las medidas se refiere a las personas que tengan bonificaciones en su declaración del IRPF por inversión en vivienda, que podrán deducirse de su nómina mensual ese beneficio fiscal, lo que supondrá 2 puntos porcentuales menos en sus retenciones mensuales. Según dijo Zapatero, se trata de «incorporar la renta antes de la devolución». El único requisito para acceder a la «devolución anticipada» es tener unos ingresos inferiores a los 33.000 euros anuales. Afecta a 2,5 millones de contribuyentes y ofrece una liquidez a estas familias de 2.000 millones.
El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, lamentó que estas medidas vayan dirigidas a muy pocos, puesto que en España hay más de ocho millones de hipotecas.
Fomento del empleo
La segunda parte del paquete de medidas se dedica al fomento del empleo y la contratación. Zapatero aseguró que «tendrán carácter inmediato» y que espera contar con el visto bueno de los agentes sociales. Así, está prevista una bonificación de 1.500 euros al año para la contratación de parados con cargas familiares, siempre que se realice un contrato indefinido. Asimismo, se bonificará la contratación de trabajadores en sectores considerados de «futuro», como son las actividades de I+D+i, energías renovables y medioambientales. Con ello, se busca además, incentivar el cambio de modelo productivo.
Por otro lado, se amplía del 40 al 60% la capitalización del seguro del desempleo si se destina al autoempleo. Y se prevé una regulación de las empresas dedicadas a la recolocación de trabajadores en paro procedentes de un expediente de regulación de empleo (ERE). Con ello se persigue dar una mayor eficacia a la intermediación y empleabilidad de los trabajadores afectados por dichos ERE.
El coste de estas medidas sobre el empleo será de 170 millones de euros entre 2009 y 2010, mientras que el número de trabajadores beneficiados se sitúa alrededor de los 500.000 en esos dos años.
A ese impacto económico hay que sumar el gasto de los planes de empleo y formación que se realizará desde las entidades locales, que asciende a 1.106 millones de euros, 397 millones más de los previstos, que podría dar empleo a unos 30.000 trabajadores.
No obstante, Zapatero reconoció que no se puede fijar en cuánto contribuirán las medidas a reducir el paro. Lo que sí aseguró es que con el gasto que se realizará se incrementará el déficit público, al menos en medio punto, aunque restó importancia a este factor, porque «el déficit público se puede corregir y lo que ahora urge es dar dignidad a las familias con problemas y evitar la desestructuración familiar».
Zapatero, por último, confirmó que ha pedido su comparecencia en el Congreso para informar sobre la evolución del sistema financiero y la reforma del mismo en el ámbito internacional; la situación económica y el paquete de medidas sociales, que «no debemos considerar como las últimas».
