Como un volcán que entra en erupción después de muchos años en silencio. Así está la carrera judicial. Tras décadas de soportar enormes cargas de trabajo con unos medios materiales y humanos deficitarios y con unos procedimientos propios del siglo XIX, jueces y magistrados han dicho basta y, por una vez, han levantado la voz de forma masiva. Las reclamaciones que el pasado mes de octubre dieron lugar a juntas de jueces en toda España -el seguimiento fue «histórico»-, lejos de parar, siguen alimentando la mecha de una protesta unitaria que, de momento, parece lejos de apagarse. La carrera seguirá reclamando los medios que todos los gobiernos prometen (sin llegar nunca a hacer las inversiones necesarias para proporcionarlos) y muchos no descartan ir a la huelga si es necesario.

Si el correo electrónico -la cuenta privada «poderjudicial.es» a la que sólo tienen acceso los jueces- fue el medio a través del cual, de forma espontánea, surgió la propuesta de celebrar juntas en toda España como fórmula para hacer público el malestar de la carrera, ahora parece haberse consolidado como una herramienta imprescindible para organizar las nuevas movilizaciones, pues llega simultáneamente a las 4.400 personas que forman este colectivo. «Las quejas que antes comentábamos con dos o tres compañeros en el café han encontrado ahora un vehículo de expresión multitudinario», indican varios jueces a ABC.

Ocho millones en diez días

Así, el masivo intercambio de mensajes que empezó el pasado 8 de octubre no ha cesado. Los correos siguen contándose por millares, y es en la red donde los miembros de la carrera judicial mantienen vivo el espíritu de la protesta que comenzó el mes pasado. Un dato numérico da una idea de la envergadura del movimiento: el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), encargado del mantenimiento del sistema informático, pidió hace dos semanas a los usuarios que fueran borrando mensajes porque en diez días se habían acumulado ocho millones.

Entre las numerosas propuestas, quejas, críticas al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la forma de elección de los vocales, a las asociaciones judiciales y reflexiones que intercambian los jueces a través del correo electrónico, dos asuntos son los que concitan mayor seguimiento: de un lado, la creación de una plataforma como cauce para canalizar las reivindicaciones, un sistema organizativo que no pretende sustituir a las asociaciones existentes y que, a juicio de sus promotores, debe tener una vida limitada al tiempo que duren las movilizaciones. La intención declarada es evitar que languidezca el fuego que prendió en los jueces como consecuencia de las intromisiones de la vicepresidenta De la Vega y del ministro Bermejo (ambos juristas de formación) en la competencia disciplinaria del CGPJ a cuenta del «caso Mari Luz» y de la sanción que correspondería imponer al juez Rafael Tirado. Este caso ha sido simplemente el detonante de una protesta contenida y controlada durante demasiado tiempo.

«8 de octubre»

La plataforma se ha bautizado con el nombre «8 de octubre», fecha simbólica de este movimiento por dos motivos: ese día se celebró en Cádiz una junta de decanos cuyas reivindicaciones fueron suscritas en las juntas del día 21 y apoyadas de forma unánime por todas las asociaciones; y ese día empezó el intercambio de correos electrónicos (en el que se gestó la idea de la celebración masiva de juntas) a raíz de un mensaje en el que el juez Pedro Márquez invitaba a toda la carrera a la reflexión. Este juez es sobrino de Rafael Tirado.

El segundo asunto, junto con la creación de la plataforma, es la celebración de otra junta de jueces el próximo día 21. Las del 21 de octubre sólo fueron el «punto de partida», dicen, de un movimiento que no debe parar hasta que el Gobierno no dote a la Administración de Justicia de los medios que necesita. «Que las mejoras sean reales y no una declaración de buenas intenciones», coinciden muchos jueces. Varias ya quedaron convocadas tras la reunión de octubre, y otras muchas lo serán. Por internet circula una lista de los partidos judiciales que se van sumando a esta propuesta.

Ambas iniciativas cuentan con un amplio respaldo en la red. Aunque no son las únicas.

Los promotores de la plataforma han difundido un documento para recabar la opinión de sus compañeros sobre varias cuestiones. El apoyo a la plataforma es unánime, y mayoritaria también la opinión de que los jueces tienen derecho a la huelga (este es un asunto controvertido) y de que, en consecuencia, pasados unos meses y si no hay una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno, debe convocarse un paro en toda España.

También cuenta con un amplio respaldo la idea de utilizar otras medidas de presión dirigidas a que se note el esfuerzo personal que los jueces hacen para paliar la falta de medios. Una de ellas consiste en cumplir única y exclusivamente los módulos fijados por el CGPJ. Eso sí, rendir al cien por cien, pero ni un poquito más (el juez Tirado tuvo en 2007 un rendimiento medio del 139 por cien): de esta forma, aseguran, podrían controlar mucho mejor cada sumario. Fuentes judiciales aseguran que si todos los jueces trabajaran sin sobrepasar los módulos, en un año dejarían de dictar dos millones de resoluciones. En esta misma línea, otra de las propuestas consiste en trabajar «a reglamento», es decir, aplicando de forma estricta las normas de procedimiento, lo que provocaría un retraso importante en numerosos asuntos.

Objeto de debate en la web es la conveniencia de reclamar un aumento retributivo. La mayoría cree que el incremento salarial debe incluirse en la lista de reivindicaciones; muchos otros opinan que en el actual momento de crisis no es oportuno. Lo cierto, explican, es que los jueces cobran 120€ por una semana de guardia (la misma cantidad que un agente judicial); que no les supone plus alguno hacerse cargo de otro juzgado cuando sustituyen al compañero por vacaciones, baja o permisos (los secretarios judiciales sí cobran a parte si celebran un juicio en un otro juzgado); en los juzgados de violencia de género todos cobran un plus menos el juez, que a la postre es el máximo responsable de todo lo que allí ocurre; el salario del juez no está equiparado al del fiscal...

Junto a las propuestas y reclamaciones, una preocupación general: ser capaces de transmitir a la opinión pública la verdadera situación de la Justicia y el alcance de las reivindicaciones, muy alejadas de la imagen negativa que de forma interesada ha querido transmitir el Gobierno al acusarles de corporativismo.