Miércoles, 29-10-08
D. M./I. R. T.
ALICANTE/VALENCIA. El nuevo secretario general del PSOE valenciano, Jorge Alarte, tiene una complicada papeleta que resolver. El dirigente socialista tendrá que atajar los indicios de corrupción municipal que han brotado en las últimas semanas en su partido.
Tal como sucedió la pasada legislatura, uno de los principales focos de supuestas corruptelas se localiza en el sur de Alicante. Si en 2006 se investigó la posible financiación irregular del PSOE en la zona -causa archivada por el fiscal-, ahora son dos los alcaldes socialistas cercados por las sospechas de corrupción.
El primer edil de Bigastro, José Joaquín Moya, era detenido ayer por la Policía Judicial, por su presunta implicación en una trama urbanística que también salpica al secretario municipal y a dos constructores. Mientras, la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, sigue en entredicho tras la detención de uno de sus socios de gobierno por otra supuesta trama, y la de un socialista sospechoso de haberle tendido una trampa al primero.
Casi al mismo tiempo que Moya, la Guardia Civil detenía también al alcalde de la localidad valenciana de Zarra, Juan José Rubio -expulsado del partido-, y a su hijo, dueño de una constructora.
Para redondear la jornada, el fiscal Anticorrupción denunció a la ex diputada socialista María Antonia Armengol y a su marido y ex magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, José Luis Vera Llorens, por un presunto delito de cohecho. Les acusa de no pagar unas obras por más de 500.000 euros a una constructora.