M. ROSO

CÓRDOBA. La plataforma de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) «Córdoba Educa en Libertad», formada por 200 progenitores, denunció ayer que algunos de los alumnos que objetan a la materia en los centros públicos y no asisten a clase, están siendo acosados verbalmente por los profesores para que desistan de su postura.

Concretamente, la presidenta de la plataforma, María Emilia García de Blanes, informó durante una rueda de prensa que en estos momentos hay al menos 27 alumnos de centros públicos y concertados que no entran a clase de las asignaturas de Ciudadanía. De ellos, ocho objetan a Educación para la Ciudadanía en tercero de Secundaria (ESO); 15 no asisten a Educación Ético-cívica, que se imparte por primera vez este año en cuarto de ESO y cuatro se ausentan de Filosofía y Ciudadanía, que se da en Bachillerato. «Hay más casos, pero estos son los que hemos confirmado a través de la plataforma», aclaró García de Blanes.

Según este colectivo, de estos 27 alumnos hay cinco matriculados en institutos públicos que están viviendo una situación «límite» de acoso por parte de la dirección del centro. «Sabemos que las instrucciones desde la Junta de Andalucía son que se presione a los objetores y parece que los directores de los centros cuentan con unas normas por escrito para hacerlo», señaló.

De acuerdo a su relato, todo empieza citando a los padres del alumno para advertirles de que su hijo es el único objetor en el centro, que va a estar marcado, que será considerado un absentista y que suspenderá la materia.

Si eso no funciona, comienza lo que la plataforma denomina un acoso verbal al menor: «les cuestionan que por qué no entran, que si tienen miedo, les dicen que lo que se da en la clase no es pecado, que su actitud es ridícula, que se van a quedar solos y sus compañeros se van a reír de ellos».

La presidenta de la plataforma lamentó que no haya medios para responder al hostigamiento que viven estos alumnos, «porque es su palabra contra la del profesor, el director y el jefe de estudios». Eso sí, apuntó que cuando en los institutos comprueban que alguien es inamovible, dan el caso por perdido y dejan al alumno y a la familia tranquilos.

Los padres contrarios a Ciudadanía aseguraron que este acoso forma parte de las distintas medidas de presión emprendidas por la Junta de Andalucía y que se están agudizando en los institutos públicos.

En este sentido, aclararon que en los centros concertados se está respetando el derecho a la objeción a EpC y que los alumnos que no asisten a clase pasan el tiempo estudiando en la biblioteca. «Sin embargo, en los centros públicos les han dado una vuelta de tuerca a los directores y los alumnos que el año pasado se quedaban en la biblioteca hoy pasan la clase de Ciudadanía en los pasillos, como si estuvieran castigados», afirmó García de Blanes.

La presidenta puso como ejemplo el caso de un alumno de un instituto de la provincia que el curso pasado, a pesar de no contar con una medida cautelar, pasaba la hora de EpC en la biblioteca, y que este año, contando con el amparo judicial, tiene que quedarse en el pasillo.

Educación lo niega

La delegada de Educación, Antonia Reyes, negó ayer rotundamente todas estas acusaciones, que calificó de muy graves. «Este tipo de declaraciones no se pueden hacer en una rueda de prensa sin datos ni pruebas. Los padres tienen medios para denunciar estos casos, bien a través del centro o de la propia Delegación», señaló.

Reyes puntualizó que la Consejería de Educación no ha dado instrucciones a los centros sobre qué hacer con los alumnos objetores: «lo dejamos a la discreción de los directores». Y añadió que la única instrucción sobre EpC se refiere a la calificación de los alumnos absentistas, que es de suspenso si no hay medida cautelar y de «no presentado» si hay amparo de los tribunales.