«El Estado debe indemnizar a los padres de Mari Luz»

—¿Qué han pactado Gobierno y PP para modernizar la Justicia?

—El pasado 23 de julio, Rajoy y Zapatero renovaron parte del acuerdo de 2001 en lo relativo a la oficina, a los incrementos presupuestarios, a la necesidad de informatización homogénea y a la carta de derechos del justiciable. Pero, lamentablemente, aunque se ha hecho un esfuerzo mayor que en otros Departamentos en los Presupuestos para 2009, puesto que se eleva en un 6% sobre el año anterior, el gasto en Justicia sigue sin superar el 0,5 por ciento de los gastos generales del Estado, de manera que no se alcanza la cantidad paradigmática del 2 por ciento, que es la que por todos se vio como necesaria para que la Justicia estuviera bien dotada. Fuera del pacto quedaron a última hora por imposición de Moncloa, pues sí lo habían acordado los portavoces del PP y del PSOE, la composición y funciones de los consejos autonómicos, que no debieran ser de carácter decisorio sino consultivo; la competencia de los tribunales superiores, que no debieran ser última instancia para el recurso de casación; y la selección de jueces y magistrados por el sistema de oposición, perfectible, pero desde luego de oposición.

—¿Comparte la opinión de Bermejo de que las movilizaciones de esta semana son simple corporativismo por el «caso Mari Luz»?

—No. Precisamente como consecuencia del paro y de esta falta de medidas es por lo que interpelamos al ministro Bermejo en el Pleno del miércoles. Para que dé cuenta de qué medidas va a tomar para salir del caos en que se encuentra la Justicia. Vamos a exigir el cumplimiento que hasta ahora no ha tenido el pacto. El dramático «caso Mari Luz» pudo ser el desencadenante inicial de las movilizaciones, pero no debe confundirse con la causa de fondo, que es la falta de medios. Si Bermejo no da una explicación satisfactoria a la interpelación y no se toman medidas que cumplan el renovado Pacto, presentaremos nuestra alternativa para la Justicia.

—Pese a esto, ¿cree que hay que aumentar la sanción a Tirado, como pretende el Gobierno?

—Creo que se está queriendo buscar en el juez y en la secretaria un chivo expiatorio, y lo que ha habido es una responsabilidad por mal funcionamiento de la Administración de Justicia que debiera dar lugar a un reconocimiento de esa responsabilidad y, en consecuencia, a una indemnización. Esa es una previsión de la LOPJ que no me explico cómo no se ha puesto aún en marcha en este caso. Y además haría justicia porque aquí hay responsabilidad del juez, de la secretaria, de los oficiales y agentes del juzgado, de la policía judicial, de la administración autonómica por falta de dotación adecuada y de la administración que depende del Ministerio. Es decir, del conjunto de la Administración de Justicia. No hay que escandalizarse de estas cosas, está previsto en la ley y hay que aplicarla. Desgraciadamente es una cláusula de la que se hace poco uso: en 2006 sólo se reconocieron 115 casos y en 2007, 140. Eso, comparado con los ocho millones de pleitos iniciados en 2007, da una idea de que es preciso profundizar en esta previsión legal.

— ¿Qué le recomienda y qué le exige a Bermejo después de dos huelgas en diez meses y la protesta unitaria de los jueces?

—Le hemos aconsejado, y parece que nos ha escuchado, que dialogue con las asociaciones judiciales y de secretarios para atajar las causas del descontento. Entrar en la vía de los reproches no lleva a ningún sitio.

—¿Fueron una huelga encubierta las juntas de jueces?

—El presidente del CGPJ me informó del desarrollo de la jornada y me aclaró que las reuniones duraron lo imprescindible. Sin embargo, es verdad que dejaron de realizarse señalamientos, por lo que me gustaría animar al personal judicial a recuperar ese día porque el ciudadano no tiene que pagar los platos rotos de la Justicia.

— Su partido y el Gobierno han cerrado una amplia reforma del Código Penal que afecta, entre otros, al delito de asociación ilícita. ¿Podrá aplicarse a los islamistas y evitar la impunidad de la que se están beneficiando?

—La reciente sentencia del Supremo sobre la «operación Nova» ha revelado dos cosas: una vez más, la insuficiente instrucción del juez Garzón, y la necesidad de buscar una tipología más adecuada para aquellas formas de asociación delictiva que sin encajar en los requisitos de la banda organizada y armada sí manifiestan una especial connivencia para perpetrar determinados delitos. En la reforma que estamos viendo con el ministro de Justicia se incluirá una nueva tipología que responda a esa necesidad de sancionar penalmente a quienes se asocian ocasionalmente con vínculos menos estables o claros que la banda armada para cometer delitos.

— La reforma también agravará los delitos de pederastia. ¿Por qué se ha esperado a que se produzca un clamor social?

—Es verdad que no son buenas las reformas legales, y menos aún las penales, dictadas al calor de acontecimientos que demuestran que la ley ha fracasado. Pero también tengo que decir que el sistema de penas del Código de 1995 era impracticable y obedecía a muy poca reflexión sobre su eficacia. Por eso el PP se abstuvo, y por eso se modificó en 2003. Pero aún quedaron supuestos pendientes, que sin duda se han visto multiplicados por la incidencia de internet. Y este es uno de los puntos más importantes de la reforma, con la que se corregirá el carácter demasiado abstracto con el que el vigente texto regula los delitos sexuales.

— ¿Cuándo se va a renovar el TC, antes o después de la sentencia del Estatuto?

—El TC lleva 26 meses examinando nuestro recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán; exactamente tres veces más que el tiempo que se empleó por el Parlamento catalán, el Congreso, el Senado y el referéndum para aprobarlo. Por tanto, no valen excusas para nuevas demoras. Es una responsabilidad de la presidenta, María Emilia Casas, que está llamada por ley a impulsar el procedimiento y el trabajo del Pleno. Esa sentencia no se puede demorar ni un mes más. Es un asunto prioritario. Además, esperar a la renovación del TC, con la entrada de cinco nuevos magistrados, estaría lastrando la sentencia que se dictara porque alguien podría decir, sin duda sin razón, que se ha cambiado en el último momento al tribunal ordinario predeterminado por la ley. Y no le faltaba al Estatuto otra cosa que semejante imputación. Por ello creo que es una cuestión gravísima, de Estado, que el TC resuelva de una vez.

— ¿Se puede pensar, a raíz de esta reflexión, que PP y PSOE hagan por «esperar» a la sentencia antes de renovar el TC?

—No hay mal que por bien no venga. Es verdad que el atasco de las candidaturas en el Senado puede propiciar que de una vez el TC, en su actual composición, falle el Estatuto.

— ¿Qué opinión le merece la investigación de Garzón sobre los desaparecidos del franquismo?

—Tengo por norma no interferir en los procesos judiciales. Pero estos días me he acordado de otras decisiones tomadas por Garzón y de otros procedimientos que no ha concluido, y me gustaría que pusiera al menos el mismo celo en esos asuntos que el que ha demostrado con la historia de España. Y añadiré que por una vez suscribo todos los argumentos del recurso del fiscal Zaragoza, cuyas actuaciones no suelo compartir, porque ha puesto las cosas en su sitio.