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Los otros desaparecidos

La Policía cierra los casos sin saber qué ocurrió, quién fue el culpable y cómo sucedió

Hay desaparecidos «inquietantes» en España que no son de hace siete décadas, como los que quiere investigar ahora el juez Garzón, sino de la democracia. Muchos de ellos están siendo eliminados de los registros policiales, sin que se haya conocido qué ocurrió en el momento de su desaparición, quién fue el culpable y cómo sucedió. Sencillamente, se da por prescrito o caducado el caso. En enero de 2008, en el censo de la Policía Nacional había 9.100 desaparecidos «inquietantes»; nueve meses después se habían reducido a 7.047, según datos oficiales que maneja Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso de los Diputados, a los que ha tenido acceso este periódico.

Según explica la portavoz de UPyD, Rosa Díez, no se trata de que se hayan resuelto algo más de dos mil casos en menos de un año, sino de un ajuste en los registros del Ministerio de Interior. A su juicio, es un intento de «mejorar las estadísticas. Ésa parece ser la preocupación del Ministerio». «Es escandaloso. En vez de resolver los casos no resueltos de desapariciones ocurridas en la democracia, quieren que nos dediquemos a investigar lo que ocurrió en la Guerra Civil, y los casos actuales los eliminan. La democracia hace desaparecer a sus desaparecidos», afirma.

El ajuste en el censo de la Policía se debe a una orden interna de mayo de 2008, incluida en la «Sección de Requisitorias» y firmada por el comisario principal, jefe del Archivo Central de la Policía, para proceder a una «revisión general y actualización del fichero de personas reclamadas» por autoridades de tipo «Policial». El fin es que la información que se transfiera a la nueva versión de la base de datos se haga «lo más depurada posible, soslayando aquellos señalamientos que, dado el tiempo transcurrido desde su fecha de inserción, ya no cumplan los fines para los que fueron introducidos, y puedan provocar molestias y quejas de ciudadanos afectados por intervenciones policiales motivadas por requisitorias que, indebidamente, permanecen vigentes en los archivos informáticos policiales».

La «actualización» de los casos ha significado, en la práctica, la eliminación de más de dos mil desaparecidos «inquietantes» del censo. Se consideran «inquietantes» cuando se sospecha que no se han producido por causa voluntaria. Entre las instrucciones que se da a la Policía está la de «cesar» los señalamientos que puedan dimanar de hechos delictivos ya prescritos, despenalizados o judicializados, o bien «que correspondan a unidades policiales ya desaparecidas o carezcan de interés policial en la actualidad». Así, su investigación deja de estar abierta.

Agravios comparativos

Para UPyD, ésa es una de las partes más sangrantes en este asunto, ya que ha sido el propio juez Baltasar Garzón quien ha declarado en su auto que los casos de desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo no han prescrito porque no han aparecido los cuerpos. «Es decir, los desaparecidos de hace 70 años no prescriben, y sin embargo los de la democracia, sí», se lamentan.

Los casos que se consideren vigentes deberán tener «una fecha de cese prevista», atendiendo a tiempos de prescripción, caducidad o interés previsto. Los que queden «vigentes sin fecha de cese prevista» tendrán que confirmarse y renovarse cada año.

Mar Zaragoza, hija del químico José Luis Zaragoza, que desapareció en Madrid en 1995, es una de las afectadas por esta «criba», ya que su padre podría quedar fuera del registro de desaparecidos. Su cuerpo nunca apareció, y por tanto no se reconocerá su muerte: «Mientras no cambie la ley, mi padre figurará como secuestrado».

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