El descontrol de la ley de Dependencia da lugar a un «PER encubierto»

Grandes alharacas, pero también muchas sombras. Los números que manejan se salen en todos los sentidos de la media. Repasando los datos oficiales a 1 de octubre, lo que más asombra es el elevadísimo número de cuidadores familiares no profesionales reconocidos por la Junta de Andalucía para encargarse de los grandes dependientes.

Precisamente es esta una figura que la Ley de dependencia articula como excepcional. En concreto, en su artículo 14.4 expone que: «El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención». Asombra que pese a lo que marca la normativa la prestaciones más concedidas en Andalucía sean precisamente las reservadas para esos casos excepcionales.

En concreto, en Andalucía, ya hay 28.948 cuidadores familiares que tienen reconocidas estas ayudas, sueldos en toda regla. Suponen el 41,87% de las que hay en toda España. Es decir más de cuatro de cada diez beneficiarios de estos sueldos son andaluces.

Dicho de otro modo, el 27,7% de todas las prestaciones reconocidas en Andalucía son para cuidadores familiares. El mayor porcentaje de toda España seguido por Cataluña (el 23,3%) y Murcia (22,9%). Comparando estos datos con los de otras autonomías con un realidad social similar a la andaluza —dispersión geográfica, población envejecida y núcleos rurales aislados— los números aún llaman más la atención. Por ejemplo, en Castilla y León sólo el 6,9% de las ayudas han sido para no profesionales, en Extremadura el 10,9% y en Castilla-La Mancha el 19%.

Pero si los números se observan desde los prismas de Madrid o la Comunidad Valenciana, las diferencias ya se convierten en siderales. Madrid, hasta la fecha del informe, no había concedido ni un solo salario para familiares de entre las 17.953 prestaciones que tiene reconocidas y en Valencia sólo se otorgó en un único caso entre los 25.022 aceptados.

Datos, en definitiva, «muy sospechosos», como apunta Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz que intenta aportar una explicación de por qué en Andalucía sí sucede de este modo y en la mayor parte del resto de España no.

«Lo que ocurre aquí —arguye— es excesivo. No admite comparación con ninguna otra comunidad. Responde a la triste realidad que se vive en Andalucía. Aquí se sufre un déficit real de infraestructuras. No llegamos ni a la mitad de lo que marca la ley como mínimos por culpa de la mala gestión de los gobiernos de Chaves que no han invertido en centros de día, en centro de dependientes, en residencias, en teleasistencia... Así, cuando se ha puesto en marcha la ley de dependencia ha sucedido que en Andalucía existían enormes deficiencias en comparación con otras autonomías».

«Fraude a la ley»

«La desproporción de concesión de ayudas a cuidadores no profesionales, familiares al final, no es más que la forma que tiene la Junta de tapar la boca a la gente después de que la consejera animara a ir a los tribunales a los grandes dependientes que no consiguieran alguna plaza en los centros».

«Responde —añade— a una mala aplicación de la ley. Más aún, se trata de un clarísimo y gravísimo fraude al sistema y a la ley al convertir en habitual lo que debería ser una excepcionalidad. Dan dinero porque así no tienen, porque no pueden, que conceder los otros tipos de ayudas que recoge la ley».

«Y, lo que es peor —remacha Sanz—, están incentivando la creación de una economía sumergida. Hemos detectado que muchos de esos familiares que reciben las ayudas por cuidar a sus dependientes, subcontratan a su vez a inmigrantes poco o nada cualificados para que realicen el trabajo».

«La Junta —sentencia— no hace bien los deberes y en los casos de los centros de noche y de alzheimer, la asistencia es mínima, casi ridícula».

Sospecha de clientelismo

Unas denuncias que empañan el brillo de las medallas que se cuelga el Gobierno andaluz a cuenta de la dependencia y sus cifras líderes en España. Pero hasta donde parece que no desea llegar Antonio Sanz, sí que penetran, aunque con prudencia, desde Génova.

Con la perspectiva de la distancia geográfica, llevan el análisis de lo que sucede en el sur un poco más allá. «Resulta evidente que algo está pasando, porque no son normales las diferencias tan brutales que existen entre Andalucía y el resto de España», subrayan las fuentes consultadas. Y se preguntan: «¿Qué es lo que ocurre?». La respuesta se la sirven ellos mismos: «Son unos datos tan disparatados que escaman», hasta el punto de que se habla de sospechas de «clientelismo».

«Da la impresión —apuntan— de que la Junta ha encontrado otra forma más de conseguir nuevas bolsas de votos cautivos. Vamos que lo que está pasando en Andalucía con las ayudas a la dependencia huele directamente a PER encubierto». Llueve sobre mojado. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en Andalucía con parte del subsidio agrario, con la picaresca de las peonadas y con las fidelidades electorales que eso provoca.

Lo cierto es que es un dinero que viene muy bien para desahogar algunas economías familiares muy humildes y lastradas por la dura situación de la dependencia de alguno de sus miembros. En estos momentos, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar asciende a 506,96 euros en los casos de grandes dependientes de Grado III Nivel 2, alcanza los 405,99, para los Grado III Nivel 1 y llega a los 328,36 para los Grado II, Nivel 2. Cantidades a las que hay que añadir, en los tres casos, 153,93 euros en concepto de cuota para la Seguridad Social y Formación Profesional.

«Unas cantidades muy suculentas y que profusa, como parece que está ocurriendo, y convenientemente repartidas pueden dar mucho juego electoralmente hablando», mantienen.

Regresando a baremos nacionales, se descubre, además, que, aunque el número de prestaciones reconocidas a los cuidadores no profesionales ascienda a 1 de octubre a un total de 69.143, el número de altas de este tipo de cuidadores en la Seguridad Social es de únicamente 32.704 a 20 de octubre (17.288 de ellas en Andalucía).

El desequilibrio (al menos hay 37.439 cuidadores que no cotizan a la Seguridad Social) podría deberse, según apuntan desde el Ministerio de Trabajo, «al desfase temporal que existe entre el momento en que se concede la prestación y el alta del cuidador».

Cuidadores envejecidos

Puede ser. Sin embargo la impresión de los especialistas en dependencia, como señala un estudio reciente del Instituto Edad&Vida, apunta hacia otra cuestión espinosa. Consideran que el desfase se produce porque muchos de esos cuidadores familiares no profesionales que no cotizan «son mayores de 65 años».

Un detalle que, por cierto, reforzaría la sospecha de un posible subsidio encubierto. Suponen unos ingresos muy interesantes para mujeres mayores —el perfil más abundante— que verían así complementadas sus pequeñas pensiones (viudas que cuidan a un hijo inválido, mujeres con esposos con alzheimer o demencia senil a su cargo...). Por lo que respecta a Andalucía se calcula que los cuidadores no profesionales por encima de los 65 años se situarían entre el 55 y el 60% de los reconocidos.

Los datos de Trabajo confirman el perfil de esos cuidadores. Por sexo, casi el 95% de los que perciben esos sueldos y están dados de alta son mujeres (31.058 por sólo 1.646 hombres). Y por edad, el 53% se encuentra por encima de los 51 años.