Miles de actuaciones judiciales fueron ayer aplazadas o suspendidas en toda España por la huelga de secretarios judiciales, que tuvo un seguimiento masivo, según se vio obligado a admitir el propio Ministerio de Justicia. El paro, de tres horas, fue convocado por las dos asociaciones de secretarios en respuesta a las injerencias y presiones del Gobierno para castigar más duramente a los responsables del «caso Mari Luz» y en apoyo de Juana Gálvez (a la derecha), suspendida de empleo y sueldo durante dos años y considerada por sus compañeros como el chivo expiatorio de ese dramático suceso. Con más del 90 por ciento de los secretarios en huelga, los juzgados exteriorizaron su profundo malestar con la gestión del ministro Fernández Bermejo, a quien los huelguistas exigieron su dimisión (arriba). Una vez más, el justiciable fue el más perjudicado y así lo denunció la Unión de Consumidores de España, para quien el paro no fue sino una penosa demostración de «corporativismo».