La Audiencia Nacional ya ha ratificado la práctica totalidad de las órdenes de prisión de los detenidos en junio
Lunes, 20-10-08
ABC lo adelantó en julio: la «operación Troika» era «material sensible» para las relaciones de España con Rusia e, incluso, podría afectar a las del conjunto de la Unión Europea con ese país. Sólo tres meses después, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó el registro de la mansión de Calviá (Mallorca) de Vladislav Retznik, diputado de la Duma por el partido de Vladimir Putin «Rusia Unida» e imputado «desde el primer momento» en este caso por su presunta pertenencia a la Tambovskaya, la mafia dirigida por Gennadios Petrov, detenido por la Guardia Civil en la citada operación.
Las fuentes consultadas por ABC confirman que Retznik jugaba un papel relevante en la organización mafiosa como uno de los principales colaboradores de Petrov, máximo jefe de la Tambovskaya. «Consideramos que está plenamente implicado en los hechos y pensamos que tenemos las pruebas que lo demuestran», señalan esos medios. La relación de este individuo con su jefe Petrov era muy estrecha, como indican las numerosas reuniones que mantenían y el hecho de que compartieran hasta un avión del que disfrutaban en régimen de «leasing», tal como adelantó ayer este periódico.
Putin y Medvédev
Pero lo más significativo es que Retznik no es un diputado más dentro de la Duma -preside el comité legislativo de mercados financieros y es viceportavoz de su grupo parlamentario-, sino alguien muy próximo al primer ministro Putin y que puede presumir de la amistad del presidente del país, Dmitri Medvédev, y de la del presidente del Sberbank (primer banco ruso), German Fref, hasta hace poco titular del Ministerio de Economía y Desarrollo. Alguien, por tanto, que pertenece al núcleo duro del poder político -o al menos está muy relacionado con él-, que se ve así afectado directamente por la investigación.
El 19 de junio, sólo unos días después de la «Troika», el «Novaya Gazeta» publicaba una información en la que se afirmaba que según algunos testimonios, a Gennadios Petrov se le recibía en los despachos más importantes de Moscú. La misma publicación sostenía igualmente que la operación podía tener consecuencias indeseables para varios políticos y empresarios rusos muy importantes.
El pasado 4 de julio, ABC revelaba que Medvedev, presidente de Rusia desde que en mayo sustituyera a Vladimir Putin, quien ocupó la jefatura del Gobierno, era citado en sus conversaciones por alguno de los capos de la Troika, aunque en este caso no para ponerlo como garantía de sus negocios, ni tampoco como interlocutor directo. Por el contrario, los mafiosos demostraban tener muy poco respeto por él, pues básicamente le consideraban un títere de Putin; valoraban de forma satisfactoria el intercambio de papeles que se había producido en el Gobierno ruso y, por supuesto, lo creían acertado para la buena marcha de sus negocios. En concreto, se referían a la cercanía del presidente, de 43 años, con conocidos comunes procedentes de la ciudad de origen tanto de los capos como de Medvedev, San Petersburgo, que es también la cuna del diputado Retznik.
Hay que recordar que muchos de los negocios de los capos rusos detenidos en la «Troika» -Gennadios Petrov, Alexander Malyshev y Vitali Izguilov, además del evadido Sergei Kouzmine-, tenían que ver con la concesión de obras públicas en su país. Las autoridades políticas concedían algunos de esos contratos a empresas de los jefes mafiosos, que ni siquieran tenían personal, que sólo contrataban cuando se las nombraba adjudicatarias de los proyectos.
Las fuentes del caso consultadas por ABC no descartan que próximamente se conozcan nuevas conexiones políticas de los jefes mafiosos rusos detenidos en España en la «operación Troika». Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso con paso firme, como lo demuestra que ya han sido confirmadas por la Audiencia Nacional la práctica totalidad de las órdenes de prisión dictadas en junio por el juez Garzón, a excepción de la de Vadym Romanyuk, que se verá en breve.
Con estas decisiones, la Sala confirma que hay indicios sólidos de la implicación de los individuos encarcelados en los delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad de documento público y contra la Hacienda Pública.

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