La nueva Ley de la Sindicatura de Cuentas dio un paso adelante en el control de los gastos de los partidos políticos al dar potestad al tribunal de cuentas catalán sobre los gastos electorales de los partidos. Pero la fiscalización de las cuentas de gastos electorales de los comicios autonómicos de 2006 realizada por la Sindicatura se queda a medio camino, señala la propia entidad. El organismo fiscalizador reclama una normativa que haga homogéneas las contabilidades de los partidos y, sobre todo, capacidad sancionadora.

En su primer informe la entidad no ha hallado ningún comportamiento ilegal, aunque ha denunciado irregularidades de mayor o menor grado en todos los partidos con representación parlamentaria. CiU, ERC e ICV se excedieron con los gastos de publicidad por correo -«mailing»-, Ciutadanos-C´s contabilizó donaciones de particulares que superan el límite legal, el PSC no identifica correctamente a sus donantes y el PP dificulta el control de sus proveedores. Con estos primeros resultados, el Síndico Major, Joan Colom reclama más medios para una tarea que debería ser prioritaria si se quiere recuperar la confianza del público en los partidos.

Paradójicamente, la Sindicatura muestra las insuficiencias de su nueva ley cuando el Parlament está a punto de aprobar la ley de creación de la Oficina Antifraude de Cataluña.

El texto que el miércoles aprobará el Parlament es fruto de duras negociaciones en el seno del tripartito, por las resistencias del PSC a que un organismo dependiente del Govern -y en manos de ERC- pueda fiscalizar las cuentas de los ayuntamientos. La Oficina ha despertado recelos, además, en la propia Sindicatura, que ve sus atribuciones suplantadas. Desde el tripartito, sin embargo, afirman que no se contradicen, puesto que la Oficina debe realizar un control previo sobre los gastos de la Administración, mientras que la Sindicatura fiscaliza las cuentas de ejercicios ya cerrados. En teoría, más control. En la práctica, ya se verá.