MILES de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se manifestaron ayer en Madrid a pesar de las presiones del Ministerio del Interior para disuadir a los miembros de la Benemérita. En efecto, una circular firmada por el propio director general recordaba la vigencia del régimen disciplinario que establece la calificación de falta muy grave por acudir a actos de naturaleza sindical, con sanciones que podrían llegar hasta la expulsión del Cuerpo. Ocurre, sin embargo, que la reciente Ley de Obligaciones y Derechos de la Guardia Civil impide la convocatoria de manifestaciones, pero no la participación, por lo que es discutible la aplicación de dichas sanciones. Por lo demás, el éxito de la convocatoria demuestra que, lejos de intimidar, las amenazas han provocado una corriente de indignación, hasta el punto de que una asociación de oficiales anuncia una querella por coacciones contra los responsables políticos de Interior. Las malas relaciones entre los Cuerpos citados y el equipo actual del departamento quedaron al descubierto en la pasada legislatura y han generado en los últimos tiempos destituciones poco justificadas. Hay 140.000 miembros de ambos Cuerpos que consideran lógica y razonable la equiparación salarial prometida con la Ertzaintza, los Mossos de dŽEsquadra o algunas policías municipales, frente a la disparidad actual que llega en algún caso al 30 por ciento. Esta reivindicación merece el apoyo de la opinión pública no sólo porque se trata de funciones equiparables sino porque, con frecuencia, sus competencias exigen una mayor nivel de preparación y responsabilidad. En el caso de la Guardia Civil no sólo es cuestión de sueldo, sino que hay una seria preocupación por la integración de escalas prevista por la ley de la Carrera Militar, a la vista de los problemas surgidos en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

La sociedad española reconoce la eficacia de la Policía y la Guardia Civil en garantía de la seguridad ciudadana. La lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la prevención de los delitos y el normal funcionamiento de la vida cotidiana son aspectos determinantes en una sociedad moderna y compleja. El Gobierno debe dotar a las Fuerzas de Seguridad de los recursos personales y materiales imprescindibles y, en este terreno, deben existir unas condiciones adecuadas de trabajo. Por ello, es un grave error forzar el desencuentro entre los responsables políticos y los profesionales que ejercen su labor con el máximo rigor y, con frecuencia, mediante sacrificios personales y familiares. Los agravios comparativos conducen a un malestar evidente. No bastan las buenas palabras y los elogios retóricos a las Fuerzas de Seguridad si no van acompañados por hechos concretos.

Rodríguez Zapatero es especialista en suscitar expectativas que luego no llegan a cumplirse. El PSOE impulsó una ley que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el ejercicio de determinadas libertades públicas sin establecer matices que podrían estar justificados por la peculiaridad de las funciones que desempeñan. En todo caso, unos y otros deben ser conscientes de los límites de lo socialmente admisible en cuanto a la expresión pública de sus pretensiones. La ley, apresurada y oportunista, plantea ahora problemas de interpretación y conduce a situaciones indeseables, porque será difícil argumentar que los guardias civiles que ayer se manifestaron en número muy significativo, junto a los de la Policía Nacional, frente al Ministerio del Interior incumplieron norma alguna, y resulta contradictorio que ahora el Gobierno trate de impedir lo que fue un compromiso del propio Ejecutivo. La opinión pública exige que Interior escuche estas reivindicaciones justas y ponga remedio a la discriminación, al tiempo que reclama mesura en los planteamientos al servicio de las altas funciones que se encomiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.