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María Jesús Ruiz y De Santiago-Juárez dieron ayer a conocer la noticia en la Junta

J. L. MARTÍN/P. G. ROBLEDO

VALLADOLID/ÁVILA. El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, ha propuesto la imputación de la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, por el caso de la construcción de «La Ciudad del Golf» en la localidad abulense de Las Navas del Marqués por un presunto delito de prevaricación. Curiosamente, hace año y medio, en plena campaña electoral, el entonces candidato socialista, Ángel Villalba, ya anunció que Ruiz se encontraba «imputada o en proceso de imputación». A este respecto, la consejera ironizó ayer: «Tendrá capacidades adivinatorias». Con ella son ya 20 los imputados por este asunto y es que el rosario de imputados ha ido «in crescendo» a lo largo de los últimos años.

El fiscal reclama la declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la consejera de Medio Ambiente por ser la que firmó la declaración de impacto ambiental de este proyecto urbanístico, algo que rubricó hace cuatro años (febrero de 2004). A pesar de las críticas contra la Junta durante este tiempo, María Jesús Ruiz nunca ha sido parte de este proceso judicial -no así los altos cargos de la Consejería-por lo que reconoció que esta petición le coge «por sorpresa». Ruiz, en su condición de aforada -es procuradora en las Cortes-, tendrá que declarar si así lo estima oportuno el juez en el TSJ, mientras que el resto de imputados seguirán haciéndolo en la Audiencia de Ávila.

«Situación de indefensión»

Serena y tranquila, compareció ante los medios para anunciar dicho requerimiento, y destacó que no tiene miedo, ya que su declaración ante el juez le permitirá «por primera vez» en estos cuatro años explicar su actuación en este proceso administrativo. Sobre este asunto salió en su defensa el portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, al recordar que Ruiz «se ha encontrado durante los últimos tres años en una situación absoluta de indefensión». Así, explicó que «no ha sido oída ni llamada, ni se le ha permitido poder explicarse y usar la palabra en un Estado de Derecho».

De Santiago-Juárez fue más allá al asegurar que la Junta de Castilla y León «no minusvalora ni sobrevalora el informe del Ministerio Fiscal, pero no lo comparte».

«Lo volvería a firmar»

El informe fiscal recoge que la consejera pudo cometer un delito de prevaricación por firmar la declaración de impacto, algo que Ruiz no dudó en asegurar que «volvería a hacer».

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ávila, Juan Miguel Gómez, considera que la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, «puede ser responsable de un presunto delito de prevaricación» al firmar la resolución de la Consejería por la que se daba luz verde a DIA favorable al plan parcial, que a juicio del fiscal era la «llave» para el desarrollo de la macrourbanización «Ciudad del Golf». El proyecto contemplaba la construcción de 1.600 chalés, un campo de golf y complejo hotelero y la tala 10.000 pinos. La urbanización fue promovida por la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación para costear la compra de 215 hectáreas de alto valor ecológico y convertirlas en espacio natural.

Según Gómez, la declaración de impacto ambiental fue favorable a pesar del «perjuicio» que supondría para la zona, que contaba con varias figuras de protección medioambiental, entre ellas las doce hectáreas recalificadas como suelo urbano y que constituían un Área de Cigüeña Negra.

A su juicio, la DIA se aprobó «contraviniendo la ley» de la propia Junta y «de forma arbitraria». El fiscal jefe señala, además, que «se emitieron muchos informes, todos ellos tendentes a apoyar la declaración favorable de la consejera, y yo creo que fueron hechos ex profeso para justificar esa declaración», ya que había informes previos desfavorables sobre el proyecto. Insistió el fiscal en que «había una intención de favorecer la actuación a sabiendas del perjuicio que suponía para el medio ambiente».

Condición de aforada

Con la posible imputación de Ruiz, que queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por su condición de aforada, el fiscal jefe de Ávila habría pedido la consideración de imputados para cinco cargos del PP: la vicepresidenta, el ex director general de Medio Natural, Mariano Torre; el ex delegado de la Junta en Ávila, Félix San Segundo;el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, y el secretario municipal, Carlos de la Vega.

Nada más conocer la noticia, el PSCL manifestó su «respeto» por la decisión adoptada por el fiscal e IU pidió la «dimisión irrevocable» de Ruiz. Los socialistas apuntan en un comunicado que respetarán la decisión que tome en su caso el juez de Instrucción, en orden a la situación procesal de la vicepresidenta ante un procedimiento penal abierto en torno a las licencias urbanísticas concedidas en el municipio de Las Navas del Marqués (Ávila), gobernado por el PP.

La Federación Ecologistas en Acción Castilla y León pidió el cese inmediato de la vicepresidenta primera y reclamó la misma medida para su director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, también imputado por un presunto delito contra el medio ambiente

Por su parte, el portavoz de una de las nueve organizaciones ecologistas personadas como acusación en el caso, Carlos Bravo, aseguró ayer que están «muy satisfechos» por la petición del fiscal, algo que consideraron «lógico y previsible».