Actualizado Jueves, 16-10-08 a las 10:23
La actuación del Gobierno en el «caso Mari Luz» —la durísima sanción impuesta a la secretaria judicial, por un lado, y las injerencias en las competencias sancionadoras del Consejo General del Poder Judicial, por otro— han levantado ampollas tanto en la carrera judicial como en el colectivo de los secretarios y son la causa que, el próximo martes, paralizará durante varias horas la Administración de Justicia. Al paro de tres horas que convocaron los fedatarios se han sumado los jueces con la celebración simultánea de juntas prácticamente en todos los partidos judiciales de España, una iniciativa que se acordó en la reunión de decanos celebrada la pasada semana en Cádiz.
Falta de medios
Si uno de los males que aquejan a la Administración de Justicia es la falta de medios personales y materiales y esa carencia es en gran medida —y así lo denuncian las asociaciones más representativas— la causa de fallos estructurales como el que provocó el «caso Mari Luz», la protesta conjunta de jueces y secretarios judiciales no hará sino empeorar las cosas. Durante las tres horas de parón no podrán celebrarse ni juicios ni declaraciones ni diligencia alguna que requiera la presencia del secretario judicial.
Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como Francisco de Vitoria (FV) y Jueces para la Democracia (JpD) han reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno —estos últimos ayer mismo— que invierta seriamente en la modernización de la Justicia para acabar con su situación de bloqueo.
En un comunicado difundido ayer, la progresista Jueces para la Democracia considera «imprescindible que los responsables políticos del Estado y de las Comunidades autónomas con competencias transferidas apuesten decididamente por un nuevo diseño de la Administración de Justicia, acometiendo las reformas legales que sean necesarias». En su opinión, «la oficina judicial no responde a las actuales necesidades que demanda la sociedad» pues su estructura «es antigua y está anquilosada (...) funcionando con las mismas pautas que hace decenios».
Esta asociación rechazó de forma tajante que la celebración simultánea de juntas en toda España sea una «huelga encubierta» de los jueces y aseguran que debe desvincularse esta iniciativa de los paros convocados por los secretarios judiciales. Esta afirmación tiene sentido desde el momento en que es una opinión bastante generalizada, aunque no consensuada, que los jueces no tienen derecho a la huelga. La Constitución no excluye expresamente a este colectivo del ejercicio de este derecho, pero el Reglamento de la carrera tampoco lo reconoce de forma explícita, como sí ocurre, por el contrario, con los secretarios judiciales.
Finalmente, JpD en su último comunicado así como APM y FV han vuelto a criticar con dureza las injerencias de los miembros del Ejecutivo en las funciones del CGPJ al hacer sugerencias sobre cuál debería ser la sanción correcta para el juez Tirado por el retraso en la ejecución de una sentencia (por abusos sexuales) que fue dictada seis años antes de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés.
La progresista JpD reitera que la exigencia de responsabilidad a los jueces no debe ser «utilizada demagógicamente para ocultar las responsabilidades políticas en las deficiencias crónicas de la Administración de Justicia» y solicita al CGPJ que sea «el primero en denunciar la utilización populista del comprensible dolor» de la familia Cortés.
Ante las «inaceptables presiones e intromisiones» políticas, la APM ya reclamó al CGPJ la semana pasada que haga «una defensa a ultranza de la independencia judicial».
El CGPJ pide «tranquilidad»
Como ya hizo tras su reunión del pasado 8 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial reiteró ayer su independencia frente a injerencias externas, en relación a las manifestaciones vertidas por la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, y por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sobre el «caso Mari Luz». La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, pidió a los políticos un ejercicio de responsabilidad para crear «un clima de tranquilidad» que evite que manifestaciones como las que han causado la protesta de jueces y secretarios judiciales «contribuyan a confundir al ciudadano y a crear desconfianza en la Justicia». Pese a ello, Bravo descartó que la intención de De la Vega y Bermejo fuera «interferir en la función del CGPJ. Estamos seguros de que no es esa la voluntad».
Insistió en que los veinte vocales «empiezan de nuevo». «No actuamos por ataduras políticas ni trabajamos en bloque». Se refería así a una información publicada ayer sobre la división ideológica que ha provocado en el Consejo el debate sobre la sanción que corresponde al juez Tirado (el Pleno tiene que resolver el recurso de la Fiscalía contra la multa de 1.500 euros que le impuso el anterior CGPJ). En este sentido, la portavoz señaló que el Consejo «aún no tiene conocimiento del expediente del juez Tirado» y, en consecuencia, el ponente aún no ha empezado a estudiar el recurso.

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