El juez Garzón abrirá 19 fosas, de las que ocho están en León

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha tomado esta decisión tras declararse competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.

En un auto de 68 páginas, hecho público hoy, el juez declara la extinción de esta responsabilidad por fallecimiento de 35 altos mandos del régimen franquista, comenzando por el propio Franco e incluyendo a generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano. Para confirmar su muerte, en vista de imputarles el citado delito, Garzón pide los certificados de defunción correspondientes.

En cambio, el magistrado exculpa al ex dirigente comunista Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos. Garzón señala que "un examen imparcial y sereno de los hechos nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados".

En este sentido, recuerda que en 1998 archivó una denuncia contra el ex secretario general del PCE Santiago Carrillo por los crímenes de Paracuellos del Jarama (Madrid) en 1936 porque "tras la finalización de la contienda, tales hechos se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas".

El magistrado reclama también al Ministerio del Interior los datos que identifiquen al máximo número posible de dirigentes de Falange Española entre el 17 de julio del 1936 hasta el 31 diciembre de 1951 para que una vez identificados acuerde "lo necesario sobre la imputación y extinción en caso de fallecimiento de su responsabilidad penal".

Garzón argumenta que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy si no se ha dado razón del paradero. Es competencia de la Audiencia Nacional dado que el juez considera que todo comenzó con el alzamiento nacional --que encajaría en el delito contra altos organismos de la nación-- delito que no ha prescrito porque está conexo con el de las desapariciones forzosas, que arrastra al otro.

El instructor autoriza, además, en su auto, la exhumación de los restos de 19 fosas comunes de toda España, incluida aquella donde se encuentra enterrado el poeta granadino Federico García Lorca.

Crea un grupo de siete expertos, cinco de ellos que propondrán las partes y dos el Juzgado y otro de Policía Judicial con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos.

Estos tendrán que analizar el número y lugar e identificación de las víctimas y presentar un informe con el número total de fallecidos.

Las denuncias fueron presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional.

Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.

La Fiscalía, por su parte, solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.

De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional ya que, a su entender, los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.