La veintena de centros catalanes de régimen concertado e ideario católico que escolarizan por separado a niños y niñas respiran ya tranquilos después de que la Generalitat anunciara públicamente que no les retirará la subvención. Así lo contemplaba hasta hace poco el anteproyecto de Ley de Educación (LEC) que el próximo mes entrará en el Parlament.

Voces del sector educativo atribuyen esa «marcha atrás» de la conselleria a las presiones políticas recibidas por el equipo de Ernest Maragall (PSC), aunque la Generalitat arguye cuestiones estrictamente «jurídicas». En su respuesta a las alegaciones de estos centros, que exigen que se mantenga la escolarización por sexos, Maragall se limita a afirmar que mantendrá la subvención a los colegios que ya la reciben. Pese a ello, recuerda que la nueva Ley de Educación prevé que los centros de nueva creación deberán cumplir con el principio de escolarización mixta si quieren recibir el concierto. Fuentes próximas a estos centros explicaron ayer que la LOE ampara su derecho a recibir estas ayudas y que, de llevar el caso a los tribunales, «la conselleria tendría todas las de perder». En el otro extremo del debate se encuentra la presión de algunas formaciones políticas como Convergencia i Unió (CiU), que siempre se han posicionado a favor de que estos colegios reciban la subvención. La concesión de las ayudas a estos centros, acordada en 2001, levantó ya ampollas entre los partidos que hoy conforman el gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV-. Fuentes próximas a estos colegios consultadas reconocen que al margen de cuestiones jurídicas, «la presión de algunos grupos como Unió ha sido importante, sobre todo si se tiene en cuenta que Maragall quiere aprobar la ley con el máximo consenso político». Entre las escuelas que separan por sexos se encuentran La Farga de Sant Cugat del vall_s (Barcelona), Les Alzines de Girona o Aura i Turó de Tarragona.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Escuelas Libres (Fapel), Antoni Arasanz, celebró ayer la medida. Arasanz quiso subrayar que «escolarizar por sexos no puede contemplarse como un principio de educación, tal como prevé el anteproyecto de ley, porque es sólo una metodología». Comisiones Obreras y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña criticaron que se mantengan las subvenciones, mientras que CiU precisó que este debate «está ya superado».