El PP propone una reforma de la Ley de Costas que compense a los propietarios expropiados

Paralelamente, la iniciativa del PP pretende que los titulares de las viviendas y terrenos puedan tener derecho a recibir un bien de características semejantes al anterior, o que se les proporcione una indemnización equivalente al precio de mercado, tomando como referencia el valor medio de los inmuebles situados en un radio no mayor a dos kilómetros y no estén afectados por alguna de las servidumbres establecidas en la citada normativa.

La propuesta fue presentada ayer por el portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, quien estuvo acompañado por la portavoz de Urbanismo, Pilar Rojo, y por el también diputado Enrique López Vega.

Al respecto, el representante popular invitó a PSOE y BNG a sumarse a esta iniciativa que, una vez ratificada en el Parlamento de Galicia, deberá ser trasladada al Congreso de los Diputados, siguiendo el trámite previsto en el artículo 87.2 de la Constitución Española, que reza que «Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir una proposición a la Mesa del Congreso, delegando ante la citada Cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa».

Esta actuación por parte de la oposición surge a raíz de constatar que el Gobierno central continúa tramitando el deslinde de la costa gallega al margen del decreto del 88. Por tanto, consideran que la aplicación práctica de esta ley revela notables deficiencias que, de no ser subsanadas, acabarán provocando la incautación, por parte del Estado, de cientos de propiedades en todo el litoral de la Comunidad Autónoma.

Ruiz Rivas recordó que una de sus principales carencias reside en que no contempla los núcleos rurales tradicionales, «un fenómeno netamente gallego, que forma parte del patrimonio cultural de la Comunidad y precisa de un reconocimiento explícito en la norma estatal».

El PP señala que uno de los puntos que suscita mayores dificultades de interpretación es el régimen transitorio, que amplía de 20 a 100 metros la anchura de la franja costera para los terrenos que, en el año 88, no se considerasen urbanos.

Sin embargo, -apunta- la ley es implacable con las construcciones que, con la entrada en vigor de la norma, no eran de terreno urbano o equiparable. En este sentido, el Partido Popular invoca al realismo político para reformar la Ley de Costas y que se tenga en cuenta la situación registral y de los servicios urbanísticos en Galicia.

Los populares gallegos insisten en que, para determinar si un núcleo debe o no considerarse urbano, no se pueden tener en cuenta criterios actuales, ya que muchos de los núcleos rurales existentes en 1988 y anteriormente presentaban serias carencias registrales y de servicios urbanísticos de los que no se puede responsabilizar a sus habitantes.