La visita a Madrid del ministro cubano de Asuntos Exteriores podría ser una buena oportunidad -si hubiera voluntad política de hacerlo- para que las autoridades españolas exijan al régimen castrista el cumplimiento de unas reglas mínimas en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, el Ejecutivo sigue empeñado en aceptar las supuestas bondades de una apertura ficticia en la isla, cuyo único objetivo es garantizar la supervivencia del sistema en contra de los intereses reales de los ciudadanos. Un año más, la Embajada española ignoró a los disidentes en la recepción con motivo de la Fiesta Nacional, mientras que el PP trató de compensar la ceguera ideológica del Gobierno con un acto de reconocimiento a los demócratas cubanos en nuestro país. Por todo tipo de razones, Cuba merece el máximo apoyo por parte de la sociedad española, siempre y cuando el final del proceso sea la desaparición del régimen actual, opresivo y anacrónico, para implantar una democracia constitucional que fomente el progreso y respete la libertad de todos.