Sábado, 11-10-08
PEDRO RODRÍGUEZ CORRESPONSAL
WASHINGTON. Pese a todos los esfuerzos del Partido Republicano por evitar innecesarias distracciones a estas alturas de la campaña presidencial, la gobernadora Sarah Palin sigue arrastrando algunos flecos desagradables en su papel como «número dos» de John McCain. El Tribunal Supremo de Alaska ha rechazado este jueves paralizar la investigación abierta por la legislatura estatal sobre el escándalo «trooper-gate». Un presunto caso de abusos de poder generado por los intentos de cesar como policía estatal («trooper») a un ex cuñado de la gobernadora.
El pronunciamiento del Supremo de Alaska se ha producido a instancia de cinco congresistas estatales republicanos, que han denunciado la pesquisa abierta como inconstitucional e imparcial. En circunstancias normales, esta investigación no hubiera pasado de una noticia local sin mayor trascendencia. Pero desde que Sarah Palin fue elegida por McCain como la primera aspirante republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, el llamado «trooper-gate» se ha convertido en una inquietante parte de la actualidad electoral.
La investigación oficial -a cargo de Stephen Branchflower, un fiscal jubilado de Anchorage- fue autorizada el pasado 31 de julio por el Consejo Legislativo de Alaska, un comité compuesto por diez legisladores republicanos y cuatro demócratas con el encargo de tomar decisiones mientras la Asamblea estatal se encuentra en receso. La decisión, adoptada por unanimidad, fue inicialmente bien recibida por Sarah Palin que se declaró completamente inocente de cualquier manejo impropio.
Esta saga afloró el 11 de julio cuando la gobernadora prescindió de los servicios de su comisionado de seguridad pública, Walt Monegan. El despedido responsable policial denunció que había perdido su puesto de confianza por haberse negado a cesar como agente de la autoridad a Mike Wooten, a su vez enzarzado en un espinoso litigio de divorcio y custodia de hijos con una de las hermanas de la gobernadora.
Por sí solo, el ex cuñado de Sarah Palin ya había acumulado un pésimo historial en las filas de la Policía de Alaska. Entre otras cuestiones, Mike Wooten habría sido acusado de consumir alcohol durante turnos de trabajo y de utilizar contra un hijastro de diez años un aparato policial de descargas eléctricas para inmovilizar a sospechosos violentos. Además de haber cazado un alce fuera de temporada.
Enredo con amenazas
Ante la multiplicación de este enredo familiar-burocrático-electoral, donde no han faltado incluso amenazas de «impeachment», la gobernadora se repensó su posición inicial de plena colaboración. Y optó por una criticada estrategia de silencio, incluyendo una negativa inicial de su esposo, Todd Palin, a testificar. Además, a través de la campaña de McCain, la gobernadora empezó a contar con los servicios legales de Edward O´Callaghan, un «peso pesado» del departamento de Justicia dedicado ahora a la práctica privada.
Como resultado de tácticas dilatorias y la bronca política planteada, las conclusiones de la investigación pueden demorarse fácilmente hasta después de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 4 de noviembre. Sin que a las partes implicadas les importe mucho que las leyes de de Alaska castiguen este tipo de desacatos con penas de hasta seis meses de cárcel y multa de 500 dólares (unos 375 euros).
De hecho, el Consejo Legislativo de Alaska se reunió ayer en Anchorage para recibir un primer informe elaborado por el fiscal Branchflower. Tiene la opción de permitir la publicación, total o parcial, de esta especie de sumario con un millar de páginas a través de Internet. Seguidores de la gobernadora se han presentado en la reunión con globos y disfraces de payaso para dejar claro que estas pesquisas no son más que un circo montado para beneficiar directamente a la campaña presidencial de Obama.
Todo justificado
A su paso por el disputado estado de Ohio, dentro de su intenso calendario electoral y con capacidad demostrada para reunir entusiasmadas multitudes, la gobernadora ha vuelto a insistir en que no tiene nada que ocultar. Defendiendo que como responsable ejecutiva de Alaska «tengo el derecho y la responsabilidad de que dentro del gobierno estatal se encuentren las personas adecuadas en el puesto adecuado para mejor servir al pueblo». Según sus explicaciones, el cese del responsable policial Monegan fue exclusivamente producto de diferencias sobre prioridades presupuestarias.
Sin salir del capítulo pecuniario, la principal responsable financiera de las cuentas públicas de Alaska también ha indicado su intención de revisar los pagos de dietas solicitados por la gobernadora Palin mientras se encontraba en su casa de la localidad de Wasilla. Cantidad estimada en unos 17.000 dólares (12.780 euros). Según la directora financiera Kim Garnero, sobre todo de cara al futuro, hay que aclarar exactamente esos pagos y su correspondiente carga fiscal.