Viernes, 10-10-08
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, reclamó ayer a los poderes públicos que «respeten y hagan respetar la ley, con todas sus consecuencias» para que desaparezca la violencia, en lo que fue interpretado como una alusión directa a Ibarretxe, por su pretensión de sacar adelante la consulta ilegal, y también a Patxi López por haberse reunido con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Además, a seis meses de las elecciones autonómicas, Ruiz Piñeiro denunció la falta de libertad de los vascos. Su discurso con motivo de la apertura del año judicial, tres días después de que el TSJPV fijara para el próximo 8 de enero el juicio contra Ibarretxe y López por reunirse con Arnaldo Otegi, provocó la irritación del Ejecutivo vasco que le reprochó de haber pronunciado unas palabras «insultantemente políticas».
El presidente del TSJPV acusó al Ejecutivo de Vitoria, sin citarlo expresamente, de contribuir a la falta de libertad de los ciudadanos por faltar al respeto a la ley. «La parcial falta de libertad que hoy sufrimos los vascos se debe, en buena medida, al no respeto a la ley», señaló textualmente.
El conjunto de su discurso fue, no obstante, un reproche más genérico a todos los poderes públicos, que los miembros de la judicatura presentes en el acto interpretaron que incluía al Gobierno del Zapatero, reclamando mayor diligencia en la lucha contra el terrorismo etarra.
Ruiz Piñeiro recordó a los poderes públicos que «su legitimación, en nuestro Estado de Derecho, se funda en la obtención y en la preservación de un orden de convivencia pública en la que se garantice la libertad de los ciudadanos, iguales ante la ley». «La legitimación de los poderes públicos, así está establecido en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, tiene como medida su contribución a la libertad en igualdad, real y efectiva, de las personas y de los grupos en los que las personas nos integramos», dijo.
Las palabras de Ruiz Piñerio fueron interpretadas por el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, que acudió al acto de apertura del año judicial, como un ataque directo al ejecutivo de Ibarretxe. Aunque Ruiz Piñeiro no citó a nadie, no hubo duda de que una de las acusaciones de peso que lanzó a los poderes públicos iba dirigida al lendakari, al que le reprochó que intentara gobernar primando su voluntad sobre la legislación. «En nuestros actuales Estados de Derecho no tienen cabida los poderes públicos sin regulación, ni los actos de poder incontrolables, todos los poderes se encuentran limitados por deberes jurídicos», dijo.
Azkárraga se defendió atacando a Ruiz Piñeiro, a quien acusó de haber pronunciado unas palabras «insultantemente políticas» y «propias de la tribuna de un Parlamento». El consejero argumentó además que los poderes públicos no sólo debían defender «los derechos individuales de las personas, sino también los derechos colectivos de los pueblos».
Disolución de ayuntamientos
Por otra parte, el Foro de Ermua ha pedido al Consejo de Ministros que inicie los trámites para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV o con el respaldo de los concejales del partido ilegalizado. La asociación afirma que es la única manera de evitar que las arcas de ETA sigan engordando.
