La descolonización de la Guinea Española y consiguiente aparición del estado de Guinea Ecuatorial, hace hoy cuarenta años, fue un proceso largo y complejo, protagonizado por nacionalistas guineanos de distintas afiliaciones, burócratas y diplomáticos españoles, y hasta militantes afroasiáticos, que se llevó a cabo en escenarios diversos, desde la misma colonia al foro de las Naciones Unidas.

Fueron en gran medida las presiones internacionales, sabiamente impulsadas y aprovechadas por los nacionalistas guineanos, las que encontraron receptividad en los diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que marcarían la política franquista hacia Guinea en los años sesenta. El Ministerio de la Presidencia, a cargo de las colonias, sólo pudo intentar manipular el proceso, pero no impedir el resultado de la independencia, como sí lo hiciera para el Sáhara Occidental.

Detrás quedaba una década en la que, a la represión de los años cincuenta, siguió un intento de incorporar a los colonizados en el propio aparato colonial y en los planes de desarrollo que se aprobaban por aquel entonces en la metrópoli. En 1964 se estableció un Régimen de Autonomía para Guinea, en el que algunas de las élites nacionalistas pudieron disfrutar de ciertas responsabilidades políticas, y la población de algunas libertades aun desconocidas en la propia metrópoli.

El proceso de independencia, sin embargo, se demostró para entonces imparable, y entre 1967 y 1968 se llevó a cabo un traspaso de poderes negociado, a la manera británica, a través de una Conferencia Constitucional. El resultado fue una constitución de corte liberal, muy ajena tanto del autoritarismo colonial como de la dictadura franquista, para un estado unitario, descartando así algunas reivindicaciones de última hora de dividir la colonia entre su parte continental Río Muni, y la más próspera isla de Fernando Poo (hoy Bioko).

A pesar del carácter negociado y no violento de la retirada española, el resultado se parecería más al de las descolonizaciones lusófonas en la década siguiente, que a las de la mayoría de los estados francófonos y anglófonos de África Occidental. En los meses siguientes a la independencia, gran parte del aparato burocrático y de la economía colonial se desmanteló, al tiempo que se marcharon la mayoría de los colonos españoles y más tarde de los trabajadores nigerianos, allí asentados. Y es que el ganador de las elecciones previas a la independencia, Macías Nguema, había vencido sin el apoyo de ninguno de las dos facciones del gobierno franquista que se habían disputado el control del proceso, y lo había hecho con un discurso abiertamente anticolonial y antiespañolista. Por su parte, tal y como denuncia el economista Fernando Abaga en su libro La ayuda externa en el desarrollo de Guinea Ecuatorial (1997), el gobierno español se mostró mezquino y poco generoso en los tratados de cooperación económica firmados con su excolonia, a la que no garantizó un mercado favorable para los productos guineanos ni el sostenimiento inicial de los presupuestos del estado.

Lo que surgió de todo ello fue más hijo del colonialismo franquista que de la Autonomía y la Conferencia Constitucional, aunque es difícil hablar de neocolonialismo para el caso de Guinea Ecuatorial, en la medida en que los intereses políticos y económicos españoles apenas se mantuvieron. La situación de terror permanente que el gobierno de Macías Nguema impuso sobre la población, y la desaparición por asesinato o exilio de la pequeña élite económica e intelectual del país, situó a Guinea en niveles extremos de pobreza, y consolidó el miedo como forma de control político.

De alguna manera, la independencia en 1968 impidió que Guinea Ecuatorial disfrutara de los potenciales beneficios de la transición democrática en España en la década siguiente. Mientras la antigua metrópoli se libraba de la dictadura, en Guinea se extremaba la negación de derechos políticos y económicos a la población. Cuando en 1979 Obiang Nguema dio un golpe palaciego a su tío y se hizo con el poder en Malabo, el gobierno español se aprestó a apoyarle como posible hacedor de la transición democrática en Guinea, para lo que tuvo que obviar que el sobrino había sido responsable directo de la represión política de la etapa anterior.

España se convirtió en los años ochenta en principal donante de su antigua colonia, y la ayuda española en la fuente más importante de recursos del estado, de servicios sociales para la población, y hasta de salarios al margen de la administración pública. Sin embargo, los escrúpulos permanentes de Madrid a la acusación de neocolonialismo, hizo que la petición de Obiang de un contingente de la Guardia Civil para garantizar su seguridad, fuera sustituida por la cooperación marroquí en esta materia.

El nuevo contexto creado por el fin de la Guerra Fría y la crisis financiera del estado en toda África también afectaría a las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial: la ex-metrópoli se mostró más comprometida entonces con el cambio político, llegando a condicionar su ayuda al desarrollo al respeto de las reglas del juego democrático. Las presiones externas, que incluyeron las de la embajada de Estados Unidos, y la incipiente reorganización de grupos políticos de oposición en país, contribuyeron al reconocimiento del multipartidismo y la celebración de elecciones. Este proceso, aunque combinado con episodios de represión violenta de los miembros más destacados de los nuevos partidos políticos, también llevó a las elecciones municipales de 1995, las más democráticas desde la independencia de Guinea, y donde la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) llegó a ganar la mayoría de las alcaldías del país.

Desde entonces, la historia de Guinea ha sido mucho menos halagüeña de los que estos acontecimientos parecían anunciar en términos de democracia y desarrollo humano. El inicio de la explotación del petróleo a mediados de los años noventa ha empoderado enormemente al dictador, y ha hecho desaparecer las presiones externas a favor del respeto de los derechos humanos, En este contexto, España ha perdido tanto su capacidad de presión a través de la ayuda, como la voluntad política de contribuir a las libertades de los guineanos. Y más bien al contrario, ha optado en los últimos tiempos por respaldar abiertamente al gobierno de Obiang, con una mezcla de argumentos de interés nacional, y de actitudes racistas no confesadas.

Queda así cada vez más patente a los ojos de muchos guineanos, que los deseables cambios políticos y económicos, si llegan, lo harán al margen de la antigua metrópoli.

[Alicia Campos Serrano es Investigadora Ramón y Cajal de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Grupo de Estudios Africanos y autora del libro “De colonia a estado: Guinea Ecuatorial 1955-1968”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002.]