Miércoles, 08-10-08
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ayer a poner en marcha una nueva ley «que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España» en esta legislatura. El jefe del Gobierno efectuó el anuncio durante su intervención en la ceremonia de clausura de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que concluyó ayer en Madrid su 64ª Asamblea General.
La organización que agrupa a 1.300 empresas periodísticas del continente americano subrayó ayer en las conclusiones finales de su congreso la «necesidad» de que las autoridades españolas pongan en marcha «de manera inmediata» una ley de libre acceso a la información. La solicitud de la SIP -a la que dio respuesta el anuncio realizado por Zapatero- fue incluida a petición de los diarios ABC y «El País», y se refiere a una regulación «rápida, gratuita y efectiva» del derecho de acceso a la información en manos de los poderes públicos.
En su discurso, el jefe del Ejecutivo mencionó la necesidad de adaptar el marco regulatorio de los medios a las nuevas tecnologías, y expresó su «admiración» hacia los periodistas comprometidos con la libertad de prensa. «El poder necesita una crítica constante, fecunda y robusta» por parte de los medios de comunicación, añadió.
Más de 85 países han adoptado ya este tipo de legislación, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos de solicitar archivos y datos en manos de las Administraciones Públicas, y regula la obligación de los poderes públicos de responder a las solicitudes. Un reciente informe de la organización Access Info Europe constata que, en la mayoría de los casos en España, el ciudadano peticionario recibe el «silencio administrativo» como respuesta. Ayer, este grupo emitió un comunicado en el que recuerda que «el proceso de elaboración de la ley debería ser transparente y participativo».
Las leyes de acceso, inspiradas en la Freedom of Information Act (FOIA) de Estados Unidos, han servido para que periodistas, historiadores y ciudadanos en general obliguen a los Gobiernos a desvelar, por ejemplo, las fotografías de féretros de soldados caídos en Irak de regreso a casa (en el caso de EE.UU.), o las identidades de los verdaderos beneficiarios de los fondos agrícolas de la Unión Europea, con resultados sorprendentes.
España no figura entre los 22 de 27 Estados miembros de la UE que tienen ya una ley de acceso, a pesar de que el programa electoral del PSOE en las generales de 2004 y 2008 incluía el compromiso de adoptar una legislación específica al respecto. En Estrasburgo, el Consejo de Europa aprobó en la primavera un borrador de la primera Convención Europea sobre Acceso a los Documentos Públicos, un tratado internacional que -de ser aprobado- podría obligar a España a adecuar su ordenamiento jurídico, según los analistas.

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