La despiadada guerra entre los poderosos carteles de la droga tiene en vilo a la sociedad mexicana, en un contexto de violencia sin precedentes que parece no tener control. El reciente atentado contra la población civil en Morelia, con el lanzamiento de granadas a una multitud reunida para festejar el Día de la Independencia, ha ubicado a México en las puertas del narcoterrorismo, según aseguran los expertos.

Desde que el combate entre narcotraficantes por las lucrativas rutas de contrabando hacia los Estados Unidos se intensificó cuatro años atrás, la prensa ha sido una de los destinatarios elegidos por el crimen organizado para descargar su violencia. El saldo ha sido letal: 21 periodistas asesinados desde el año 2000, siete de ellos en represalia directa por su trabajo, según la investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). México se ha convertido desde entonces en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

La situación se ha visto agravada por la desaparición de siete periodistas mexicanos desde 2005. En un reciente informe, titulado «Los Desaparecidos», el CPJ examinó la posible vinculación de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad en la inusitada serie de desapariciones. La gran mayoría de los casos, incluyendo los asesinatos, permanece sin resolverse, lo que promueve un clima de impunidad que vuelve a la prensa vulnerable frente a los ataques del crimen organizado.

Existe consenso entre los medios mexicanos, las ONG de libertad de prensa locales e internacionales y expertos en material legal sobre la necesidad de dotar los mexicanos de una estructura apropiada que proteja el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Tanto el gobierno como el Congreso han asumido el compromiso de propiciar un proyecto para federalizar los crímenes contra la libertad de expresión.

Mientras tanto, medios y periodistas se autocensuran cada vez con mayor frecuencia por temor e inseguridad. Muchos de los temas que afectan la vida diaria de los mexicanos no están recibiendo la cobertura adecuada. Es preciso que las autoridades actúen sin más dilación. La salud de la democracia está en peligro.