El «proceso de paz» promovido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se sentará en el banquillo a partir del próximo 8 de enero, cuando comenzará el juicio contra el lendakari Juan José Ibarretxe, el candidato a sustituirle al frente del Gobierno vasco, el socialista Patxi López, y el batasuno y presunto «hombre de paz» Arnaldo Otegi. Los hechos por los que los tres responderán ante la Justicia son las reuniones que mantuvieron por separado el lendakari y los líderes del PSE con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Además, serán juzgadas las otras personas que acudieron a las citas: Rodolfo Ares, de la ejecutiva del PSE, y los jefes proetarras Juan José Petricorena, Pernando Barrena, Rufino Echevarría y Olatz Dañobeitia.

Todos están acusados de desobedecer la sentencia de ilegalización de Batasuna, delito tipificado en al artículo 556 del Código Penal, si bien en el caso de Ibarretxe, López y Ares, en grado de cooperación necesaria. La fecha fijada para la vista tampoco es neutral, ya que se celebrará en la precampaña de las elecciones autonómicas, previstas para marzo.

Primeras demandas

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, además de fijar la fecha del juicio, aceptó la citación como testigos, a petición de la defensa del lendakari, de Rodríguez Zapatero, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ex presidente José María Aznar, aunque los tres, si lo desean, podrán declarar por escrito.

El proceso judicial se inició por las demandas presentadas primero por el Foro Ermua y después también por la Asociación Dignidad y Justicia por las entrevistas que mantuvo en Ajuria Enea el lendakari Ibarretxe con representantes de la ilegalizada Batasuna, el 19 de abril de 2006 y el 22 de enero de 2007, y por la reunión de Patxi López y Rodolfo Ares con representantes del brazo político de ETA el 6 de julio de 2006 en San Sebastián. Las citas se produjeron cuando ya estaba dictada la sentencia que ordenaba el cese de la actividad política de la formación proetarra.

Tanto Ibarretxe como López se mostraron ayer confiados en que el juicio no interfiera en las elecciones autonómicas. El lendakari dijo que tenía «la conciencia tranquila» y opinó que el juicio será «la parte final de un despropósito», mientras que López justificó su reunión con dirigentes de la ilegalizada Batasuna alegando que tenía «un objetivo noble».

Los encuentros se enmarcaron en el fracasado «proceso de paz» auspiciado por Zapatero con el apoyo del PNV. La reunión de López y Ares con Otegi y otros miembros de la denominada izquierda abertzale se celebró a instancias de ETA, que amenazaba en aquel momento al Gobierno con romper el proceso de diálogo.

Respaldo de Zapatero

La segunda reunión de Ibarretxe con Otegi se produjo el 22 de enero de 2007, cuatro días después de que el lendakari se reuniera con Zapatero en la Moncloa, con la intención de reconducir el diálogo entre el Gobierno y ETA a pesar de que la banda terrorista rompió unos días antes, el 30 de diciembre de 2006, su última tregua con la salvajada de Barajas. Ibarretxe se sintió respaldado por el presidente del Ejecutivo hasta el punto de celebrar el encuentro con Otegi a pesar de tener una citación judicial para nueve días después por una reunión anterior con el dirigente de la ilegalizada Batasuna.

El Foro Ermua había solicitado como prueba para el juicio la documentación que pudiera tener el Centro de Diálogo Henri Durant para el Diálogo Humanitario sobre la negociación Gobierno-ETA. No obstante, en el auto hecho público ayer, el TSJ del País Vasco admite todas las pruebas documentales y testificales solicitadas por las partes, excepto esa.

El tribunal considera necesario que declaren los 150 testigos que proponía el presidente del Gobierno vasco y ordena librar oficio para conocer si el presidente Rodríguez Zapatero, el ministro Pérez Rubalcaba y el ex presidente Aznar se acogerán a su derecho a declarar por escrito. Entre los testigos propuestos por la defensa de Arnaldo Otegi está el sacerdote norirlandés Alec Reid, intermediario en las negociaciones entre el Gobierno británico y el IRA.

El tribunal rechaza, por otra parte, la pretensión de la defensa de los representantes de la ilegalizada Batasuna de inadmitir la prueba pericial-testifical de funcionarios de la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía.

El tribunal que juzgará al lendakari, a los dirigentes socialistas López y Ares y a los representantes de la ilegalizada Batasuna que se reunieron con ellos podría considerarse ventajoso en términos políticos para Ibarretxe, puesto que uno de sus miembros, Antón Subinas, fue nombrado miembro de la Sala Civil y Penal por el Consejo General del Poder Judicial dentro de una terna propuesta por el PNV y otro, Manuel Díaz Rábago, se ha mostrado públicamente en contra de la Ley de Partidos y a favor de un diálogo sin exclusiones, lo que según la terminología habitual nacionalista significa que también con la presencia de los proetarras. El tercer miembro del tribunal, Juan Carlos Benito-Butrón, no parece tener ningún interés, ni directo ni indirecto, en la causa.

La composición definitiva del tribunal se hizo pública en septiembre, después de once meses de recusaciones de distintos magistrados, entre ellos Manuel Ruiz Piñeiro, tras no aceptarse la recusación de Manuel Díaz Rábago solicitada por el Foro Ermua.