El portavoz del PSC, Miquel Iceta, reconoció ayer públicamente que es posible que la Generalitat opte por retrasar la aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña si el Gobierno no aporta más fondos, dada la reducción de ingresos que la crisis económica está provocando en las arcas de la Generalitat. «Es posible que tengamos que diferir la aplicación de la ley», apuntó el viceprimer secretario del PSC en respuesta a la información avanzada ayer por ABC.
El dirigente socialista echó mano del propio presidente de la Generalitat, José Montilla, que en el Debate de Política General ya advirtió de la posibilidad de «posponer objetivos» previstos para el próximo ejercicio. En opinión de Iceta, «nosotros estamos dando la batalla para no tener que hacerlo», pero avisamos.
El dirigente socialista, que no se refirió directamente a la falta de recursos aportados por el Gobierno, reconoció sin embargo las dificultades económicas del Gobierno catalán en esta materia. «Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, porque hay menos recursos», señaló Iceta. En estas condiciones, la posibilidad de posponer la segunda fase de aplicación de la ley «entra dentro de lo posible y fue recogido por el discurso del president», concluyó Miquel Iceta.
A la espera
Fuentes del Departamento de Acción Social de la Generalitat matizaron, sin embargo, que el Ejecutivo catalán no ha tomado ninguna decisión al respecto, puesto que está a la espera de una nueva propuesta del Gobierno ante las denuncias de todas las comunidades autónomas en este sentido.
En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Gobierno y autonomías acordaron crear una comisión «ad hoc» para estudiar esta cuestión, y la Generalitat confía en tener una nueva propuesta del Gobierno antes de final de año, para poder seguir adelante con el despliegue de la ley. El ejecutivo autonómico ya señaló entonces que considera inadmisible seguir asumiendo la mayor parte del coste de la aplicación de la ley. En la actualidad, y siempre según los cálculos de la Generalitat, la administración autonómica paga 3,25 euros por beneficiario, frente a un euro del Estado, en aplicación de la Ley de Dependencia, que debía ser cofinanciada al 50% por el Estado.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2009 se destinan 18 millones de euros a la Generalitat para la aplicación de esta norma durante el próximo ejercicio. A ese montante deben sumarse, según el texto de la ley, una suma igual procedente de la Administración autonómica, lo que dejaría la Ley de Dependencia con un presupuesto de 36 millones de euros, un monto que la consellería ya ha considerado totalmente insuficiente.
La Ley de Dependencia establece tres posibles grados de dependencia, subdividos a su vez en dos niveles cada uno. Hasta ahora sólo se ha aplicado la primera fase de la ley, que da cobertura a los dependientes de Grado III, Gran Dependencia. Se trata de aquellas personas que «necesitan apoyo indispensable y continuo de otra persona» por su «pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial», según el texto de la norma.
En Cataluña, 124.000 personas han pedido hasta el momento ayudas amparadas en la Ley de Dependencia, aunque sólo 30.000 demandantes con el grado máximo de discapacidad están recibiendo la ayuda prometida.

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