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Las acusadas en la trama de corrupción escondían el dinero en su jardín

La juez Piedad Marín, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma de Mallorca, decretó el sábado por la noche el ingreso en prisión sin fianza de uno de los principales acusados por la Fiscalía en el caso de la presunta trama de corrupción que se habría desarrollado en el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) entre 2003 y 2007, en concreto, del ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene, a quien se le imputa la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la Administración, delitos que Viaene negó el sábado haber cometido.

Su declaración contrastaba, no obstante, con la que pocas horas antes habían hecho ante la misma juez las otras dos principales acusadas en este caso, Antònia Ordinas, gerente del CDEIB en la pasada legislatura autonómica, y su esposa, la soprano Isabel Rosselló. En concreto, Ordinas reconoció que entre 2003 y 2007 cobró comisiones ilegales de diversas empresas a cambio de adjudicarles contratos, y afirmó también que Viaene cobraba igualmente comisiones, en connivencia con ella.

Reconoce los delitos

Asimismo, reconoció todos los delitos que le imputa la Fiscalía, que serían los mismos que habrían cometido su esposa y el ex director general de Promoción Industrial. Tanto el CDEIB como la Dirección General de Promoción Industrial dependen de la Consejería de Comercio, y los hechos ahora investigados se habrían producido cuando el presidente del Ejecutivo autonómico era el popular Jaume Matas.

Hace ahora justo una semana, el pasado lunes, se puso en marcha en Mallorca la denominada «operación Scala», desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Agencia Tributaria y el Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía, que se inició con la detención provisional de 11 personas y con el registro de diversas oficinas y viviendas.

Ordinas y Rosselló, que habían sido detenidas ya el mismo lunes, se habían negado a declarar el pasado martes ante la policía y el pasado jueves ante el juez, que ese mismo día decretó el ingreso en prisión sin fianza de ambas.

En su declaración del pasado sábado, el matrimonio dijo también a la juez que estaba dispuesto, además, a hacer entrega de unos 240.000 euros que tenía escondidos en el jardín de su finca, ubicada en el municipio mallorquín de Pòrtol. Ordinas explicó a la juez que ese dinero procedería de parte de las comisiones ilegales que habría cobrado años atrás.

En un bote de cacao

Una comisión judicial se desplazó entonces, a primera hora de la tarde del sábado, hacia dicho chalet, junto con Ordinas y con Rosselló, y una vez allí, la ex gerente del CDEIB señaló el lugar en donde tenía oculto ese dinero, una bolsa y una caja metálica de cacao en polvo enterradas entre unas coles del pequeño huerto que cultivaba el matrimonio, en donde fueron encontrados diversos documentos y la citada cantidad de dinero.

En los primeros momentos de la investigación, se creía que Ordinas y Rosselló habrían cobrado en comisiones ilegales en torno al millón y medio de euros, si bien tras las declaraciones efectuadas a mediados de la pasada semana por parte de algunos de los empresarios imputados en este caso, ahora se considera que las comisiones podrían haber llegado hasta los dos millones de euros en total, ya que, en alguna ocasión, Ordinas habría cobrado hasta un 60 por cien del importe global del contrato que adjudicó. Los pagos se hacían, al parecer, a través de la cuenta corriente de Rosselló y de una sociedad de la que ella era la única administradora.

Otro hecho que se está investigando ahora es el de la fórmula que se habría utilizado para hacer los contratos, ya que todo apunta a que Ordinas utilizó un despacho de asesores para que redactaran los documentos que luego eran presentados a los empresarios, ante las sospechas y los recelos que, ya desde un primer momento, habrían despertado en técnicos del CDEIB el elevado número de contratos que se hacían.

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