La Comisión Europea aprobó ayer una reforma de la Directiva sobre Fondos Propios de las entidades bancarias que endurece las condiciones para sus inversiones en productos de alto riesgo, unos de los causantes de la actual crisis financiera global.

Entre las novedades, que tendrán que recibir aún el visto bueno del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo, figura la obligación de que las entidades tengan que retener obligatoriamente el 5% del capital de las emisiones de productos de alto riesgo que lleven a cabo, como es el caso de las hipotecas titulizadas.

El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, reconoció ayer que a él le hubiera gustado que este porcentaje, que ha sido rechazado por algunas entidades, hubiese sido superior y que dará la bienvenida a cualquier aumento que decida tanto el Consejo como el Parlamento antes de su aprobación definitiva, prevista para abril de 2009.

Además se limita el montante de los préstamos que las entidades pueden realizarse entre sí en el interbancario para intentar diversificar riesgos y, sobre todo, limitar su importe.

En materia de regulación, uno de los grandes debates que ha originado la actual crisis financiera, se creará una especie de Colegio de Supervisores que se encargará de coordinar la vigilancia de los grupos bancarios que operan en varios países europeos. Además se clarificarán las competencias y las responsabilidades de las autoridades de regulación de los mercados de los países, de modo que la cooperación entre ellos sea más eficaz. Hasta ahora la supervisión de las entidades tenía carácter nacional y en muchas ocasiones los reguladores tenían dificultades a la hora de analizar la actividad de entidades transfronterizas.

Los fondos propios de las entidades también sufrirán cambios, ya que tendrán que ser de más calidad, o lo que es lo mismo, no podrán ser híbridos, es decir, ser a la vez acciones y obligaciones porque esta especie de cóctel no da seguridad a la hora de valorar los riesgos en los que incurren las entidades financieras. McCreevy, que presentó ayer en Bruselas esta batería de medidas, explicó que, en todo caso, «la crisis actual no proviene de una falta de regulación».

Por su parte el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció ayer que se revisará también la normativa comunitaria sobre sistemas de garantías de depósitos, aunque sin especificar la manera en que se realizaría. La actual Directiva establece un mínimo de capital garantizado de 20.000 euros, cantidad que después los países pueden aumentar si así lo consideran oportuno.

Dar confianza

Barroso añadió que la Comisión Europea quiere hacer mejoras para dar confianza a los ahorradores en materia de rapidez de pagos y nivel de cobertura. Una de las mejoras en este capítulo podría pasar por establecer plazos para que los clientes cobren su dinero garantizado en caso de quiebra de las entidades, que en Europa llega ahora hasta los seis meses, mientras que en Estados Unidos suele rondar los dos días.

El máximo representante del Ejecutivo comunitario destacó que «Europa está asumiendo sus responsabilidades ante la crisis y se están llevando a cabo las intervenciones apropiadas cuando las empresas están en dificultades, tanto a nivel nacional como cuando es necesaria la cooperación entre varios países».

En materia de coordinación internacional Barroso aseguró rotundo que «dada la gravedad de la situación hay que hacer un esfuerzo mayúsculo y trabajar a corto, medio y largo plazo». Después añadió que la respuesta a esta crisis tiene que ser global, por lo que dio su pleno apoyo a la conferencia internacional que está preparando el presidente francés y de turno de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy, y a la que España no ha sido invitada.

La actual crisis financiera será sin duda uno de los temas centrales de la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, prevista para mediados de este mes en Bruselas.

Por otra parte, y en un ejercicio de extrema rapidez, la Comisión Europea aprobó ayer el plan de reflotamiento lanzado por el Gobierno británico sobre Bradford & Bingley.