Una veintena de cabecillas y pistoleros de ETA cuya excarcelación estaba prevista a lo largo de los próximos doce meses por una interpretación más que generosa de la política de redenciones verán prolongada su estancia en prisión entre ocho y once años más gracias a la aplicación de la «doctrina Parot», según la investigación realizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo y datos aportados por ABC. En todos los casos, se trata de etarras que ni han mostrado arrepentimiento ni han satisfecho las indemnizaciónes a las que se les condenó.

Entre estos terroristas figuran «Santi Potros» (inductor de la matanza de Hipercor), «Kubati» (asesino de tres miembros de una misma familia y de «Yoyes», entre otros muchos crímenes), Antonio Troitiño (compañero de De Juana en el asesinato de doce guardias civiles) y «Baldo», dirigente de la banda en la década más sanguinaria de ETA.

Hasta no hace mucho tiempo, los cabecillas etarras, a través de las Gestoras pro Amnistía-Askatasuna, prometían a sus presos, para animarles y mantener la disciplina, que más pronto que tarde recuperarían la libertad gracias a una negociación política con el Gobierno y que traería la independencia al País Vasco.

Hoy, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava siguen formando parte de España, la propia banda ha ido dinamitando cada proceso de negociación abierto, las «Gestoras» están desmanteladas y los presos de ETA observan cómo el camino hacia la recuperación de la libertad, lejos de atajarse, se prolonga. Hasta el punto de que el reencuentro entre reclusos y cabecillas de Askatasuna no ha tenido como escenario la calle, sino la cárcel, destino de los Olano y compañía tras la sentencia de la Audiencia Nacional.

La «doctrina Parot» se ha consolidado como un instrumento del Estado para abortar los desmesurados beneficios que obtenían unos presos etarras que en ningún momento han mostrado arrepentimiento por sus crímenes. Su ritmo de aplicación se mantendrá, ya que de aquí a 24 meses serán unos cuarenta los etarras afectados. Esta jurisprudencia -bautizada con el nombre del primer etarra al que se le aplicó, Henri Parot- consiste en que se establecen redenciones sobre cada una de las condenas impuestas, y no sobre una global, lo que implicaba que a un terrorista le saliera igual un asesinato que veinte.

Sin embargo, al aplicar los beneficios penitenciarios a cada una de las condenas se asegura el cumplimiento efectivo de las penas. La mecánica es sencilla: se empieza con la reducción de la condena más grave y así sucesivamente en cada una de las que hayan recaído sobre el etarra en cuestión. Esto garantiza que esté en prisión el máximo estipulado en la ley, que ahora son 40 años, aunque a este grupo sólo estará 30 por haber sido juzgados con el Código Penal de 1973. Con este Código, que, además de las redenciones extraordinarias, vigentes hoy, preveía también redenciones ordinarias llamadas «de patio», se daba la paradoja de que terroristas condenados a miles de años salían a la calle tras cumplir apenas dos tercios del máximo (entonces 30 años).

Esta interpretación de las condenas ha impedido que en los próximos meses sean excarcelados etarras tan sanguinarios como «Santi Potros», quien sólo como inductor de la matanza de Hipercor cumple una condena de 790 años, o José Javier Zabaleta Elósegui, «Baldo», pistolero de la salvaje máquina de matar en serie que fue el «comando Goyerri Costa», antes de pasar a la dirección de la banda. El primero prolongará su estancia en prisión hasta 2017, y el segundo hasta 2020.

Antonio Troitiño, que participó en el asesinato de doce guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana, purgará hasta 2017. El mismo horizonte carcelario que observa ya desde su celda José Antonio López Ruiz, «Kubati», autor del asesinato de «Yoyes» y del atentado en el que murieron el gobernador militar de San Sebastián, general Garrido, su esposa, su hijo y una ciudadana portuguesa. Tiene otros muchos crímenes a sus espaldas, por lo que suma una condena de 1.076 años. Maitane Sagastume, condenada a más de doscientos años por numerosos atentados, iba a salir a la calle el próximo mes de julio, pero su estancia en prisión se alargará hasta 2021. Juan Aguirre Aguiriano, también con delitos de sangre, saldrá en 2011, mientras que Peio Etxeberria Lete, involucrado en el asesinato del ertzaina Juan José Pacheco, lo hará en 2019. El mismo año en que serán excarcelados Cándido Zubicaray y José María Beristain, del «comando Éibar», que asesinaron a Engraciano González. Jesús Gaztañaga recuperará la libertad en 2018 y Luis Azcargorta en 2017. Ambos, del «Araba», asesinaron a un policía. También en 2017 saldrán Peio Reizábal, implicado en la muerte del guardia civil José Herrero; Koldo Hermosa Urra, que en un solo atentado mató a tres policías y a una joven argentina, así como Fernando de Luis Astarloa que hirió a un parado. Jon Urquizu, Andoni Alza, Josefa Artola, Jesús Bollada y Francisco Gómez completan la lista de agraciados por la «doctrina Parot».