M. J. CAÑIZARES

BARCELONA. La Generalitat está dispuesta a aplicar la castración química voluntaria a los presos condenados por delitos de agresión sexual, esto es, el suministro de fármacos que inhiben la líbido. Una medida tan espectacular como ineficaz, según fuentes penitenciarias, pues resulta casi imposible garantizar el cumplimiento de este tratamiento fuera de la cárcel. La consejera de Justicia catalana, Montserrat Tura, explicó en declaraciones a la Cadena Ser que, en la actualidad, los equipos de tratamiento de los centros penitenciarios «están analizando la idoneidad o no, en cada uno de los casos, para iniciar esta terapia en función de que los presos estén llegando al tramo final de cumplimiento de condena».

Comité de expertos

Esta medida forma parte de las recomendaciones que, el pasado mes de marzo, realizó una comisión de expertos creada tras la polémica que suscitó la puesta en libertad de dos violadores en serie en Cataluña. Este comité descartó la castración en sentido estricto (extirpación de los órganos genitales) y optó por la «supresión hormonal reversible», es decir, la ingesta de fármacos para controlar el deseo sexual, siempre y cuando fuera voluntaria y vinculada a otras medidas terapéuticas y psicológicas.

Los propios expertos reconocieron que los fármacos por sí solos no inhiben el deseo sexual completamente, y que se habían dado casos de reincidencia posterior. Por ello, instaron a establecer procedimientos técnicos de valoración del riesgo que sean compartidos por todas las instituciones competentes -Justicia, servicios penitenciarios y cuerpos policiales-. En este sentido, las citadas fuentes consultadas por ABC calificaron de «brindis al sol» el programa que la Generalitat quiere implantar en las cárceles, pues «cualquier tratamiento que se haga en prisión y que no tenga continuidad una vez el interno esté en libertad no sirve de nada». Asimismo, advirtieron de que algunos reclusos podrían someterse a esta terapia con la única finalidad de lograr beneficios penitenciarios.

Por su parte, la abogada especialista en casos de violencia sexual María José Varela calificó de «efectista» pero «poco efectiva» la medida. «Aplicar el tratamiento farmacológico a estas personas supone no conocer cuál es la causa real de estas agresiones, que son la voluntad de humillar a una mujer, por lo que si se le corta el impulso mecánico, eso no quiere decir que no vaya a agredir de otra manera», dijo.