El Gobierno tiene asumido que deberá esperar como poco un año más para conocer cuál es la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Y eso porque no parece que la sentencia la vaya a dictar el Pleno del Tribunal con su actual composición, sino con las incorporaciones que se produzcan tras su renovación. Fuentes próximas al Ejecutivo señalaron ayer a ABC que sigue en vigor el compromiso adquirido en julio con el PP por el que la renovación deberá producirse «cuanto antes», igual que ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial.

Tal es la voluntad de seguir adelante de los socialistas, pase lo que pase en la votación del Senado (al que corresponde elegir cuatro vocales), que ni siquiera la estrategia del Partido Popular para asegurar la entrada de Francisco Hernando y Enrique López que tanto malestar ha causado en el PSOE, bloqueará la renovación. Con esta rotundidad cerró filas ayer con el Ejecutivo el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo.

Mensajes encontrados

La determinación del Gobierno de renovar el TC «cuanto antes», independientemente de que el Tribunal haya tomado o no su decisión sobre el Estatuto, choca con el mensaje lanzado ayer desde la bancada popular del Senado. El portavoz de Justicia del PP, Agustín Conde, aseguró que los nuevos magistrados deberían incorporarse sólo «cuando el TC haya dictado la sentencia» sobre la norma catalana. No antes.

La incorporación de nuevos magistrados (cuatro por vencimiento de los mandatos en diciembre de 2007 y otro por el repentino fallecimiento en mayo de Roberto García-Calvo) retrasará la sentencia, como mínimo durante un año más. La llegada de cinco nuevos miembros supone cambiar de un plumazo casi a la mitad del Pleno (integrado por doce magistrados) y obligará a empezar de cero las deliberaciones sobre los recursos planteados en el verano de 2006 contra el Estatuto por el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas. Sólo para ponerse al día, los nuevos podrían necesitar varios meses. A partir de ahí, tendrían que empezar a deliberar el fondo de los recursos.

De entrar candidatos como Hernando y López, fuentes gubernamentales dan por seguro que el Ejecutivo ordenará a la Abogacía del Estado que les recuse. Si esto sucediera -cabe la posibilidad de que ambos magistrados optaran por abstenerse con carácter previo-, la sentencia se retrasaría aún más. Sería como repetir la historia. De hecho, antes de entrar en el fondo del articulado del Estatuto, el actual Pleno del TC tuvo que resolver varios incidentes de recusación, lo que le llevó siete meses (fueron recusados la presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez Zapata y Pablo Pérez Tremps. Sólo prosperó la presentada contra este último por el PP).

Entre tanto, la Generalitat sigue reformando leyes autonómicas para ir desplegando el Estatuto, tanto en los aspectos que resultan «pacíficos» como en aquellos que han sido recurridos y sobre cuyo encaje constitucional el TC no se ha pronunciado aún. Si, cuando dicte su sentencia, el Tribunal echa atrás preceptos del Estatuto por ser contrarios a la Constitución, éstos ya se habrán aplicado por la vía de los hechos. La marcha atrás será, si no imposible, muy difícil.

La determinación del Gobierno ha causado cierta sorpresa en el Partido Popular, pues hasta este momento el Constitucional tiene resueltas prácticamente las tres cuartas partes de lo que se plantea en los recursos, y ya ha entrado en una de las cuestiones más espinosas: la financiación autonómica. El Pleno del Tribunal estaría en disposición de tener la sentencia en dos meses.

En el PP se tiene la sospecha de que, tras la decisión sobre el referéndum de Ibarretxe (algunos de los argumentos de esa resolución, aplicados al Estatuto catalán, suponen que se declaren inconstitucionales varios preceptos), el Gobierno quiera renovar cuanto antes el TC con el convencimiento de que su nueva composición podría resultar más favorable a sus intereses.

Curiosamente, fuentes socialistas sostienen esa misma tesis, pero a la inversa, respecto al interés de los populares por no renovar antes de que el actual Tribunal dicte sentencia. Estos medios creen que la apuesta del PP por Hernando y López tiene como objetivo real «bloquear» la renovación del TC y ganar tiempo.

Ajeno a todas estas consideraciones, el Tribunal Constitucional sigue a día de hoy con el acelerador pisado, y su intención no es otra que lograr que la sentencia sobre el Estatuto esté lista en diciembre. Esa es la voluntad tanto de la presidenta -que a la vuelta de las vacaciones de verano comunicó a los magistrados su deseo de «imprimir ritmo» a las deliberaciones- como del resto de los vocales, ninguno de los cuales oculta que le gustaría que el Pleno con su actual composición pudiera concluir este trabajo.

Casas, optimista

Fuentes judiciales afirman, en este sentido, que María Emilia Casas sigue siendo optimista, convencida de que podrá firmar la sentencia antes de que los nuevos miembros del Tribunal tomen posesión de sus cargos. Ese optimismo, por el contrario, no es compartido por todos los magistrados, algunos de los cuales ven imposible que la sentencia del Estatuto pueda estar lista antes de cinco meses.