UN año más, la tradicional sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas se convierte en el escaparate universal de la política, la tribuna donde se suceden los principales dirigentes mundiales para representar una ceremonia cuyo único gran consenso en sesenta años de existencia es el acuerdo de que se repita año tras año. La existencia de la ONU como un intento de canalizar los esfuerzos para resolver los grandes desafíos mundiales a través de mecanismos multilaterales no puede ser cuestionada en ningún caso. Pero es posible que haya llegado el tiempo de pensar seriamente si la ONU que conocemos es o no capaz de llevar a cabo esa misión, o si sería conveniente emprender cuanto antes una reforma esencial de sus estructuras y sus objetivos. En efecto, la gestión política de este utópico «gobierno del mundo» se ahoga en la burocracia, en los equilibrios obtenidos con calzador en unos comités donde se ha impuesto lo políticamente correcto como única doctrina, y en la capacidad de veto de cinco países sobre cualquier iniciativa. Cuando la ONU renuncia a defender activamente los valores democráticos que figuran claramente inscritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, frente a las dictaduras a las que da cobijo en sus foros, no está siendo neutral, sino que está beneficiando precisamente a los gobiernos que pisotean las libertades de sus ciudadanos.

Por ejemplo, en Irán se está construyendo armamento nuclear, en un gesto desafiante que puede llevar al mundo a una terrible situación de confrontación, y el mismo presidente Ahmadineyad, que se burla de las decisiones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica -una agencia de la ONU- puede ir a la tribuna de la Asamblea General a pronunciar discursos para anunciar el fin de la democracia liberal en Estados Unidos, mientras en su país se ordena aumentar la represión policial contra las mujeres, a las que impone contra su voluntad usos indumentarios religiosos. La dictadura de Corea del Norte, por su parte, ha hecho coincidir esta asamblea general con su decisión de romper unilateralmente los precintos instalados por la ONU en las instalaciones nucleares que se comprometió a desmantelar. Es cierto que la persistencia anacrónica del derecho de veto en el Consejo de Seguridad se ha revelado como fuente de muchas decisiones hipócritas, pero no lo es menos constatar que es aún más injusto que la ONU sirva como escudo a los gobiernos que violan continuamente los preceptos del Derecho Internacional contra sus propios ciudadanos y contra el resto del mundo. El drama sangrante de Darfur, en Sudán, interpela cotidianamente las conciencias de los que, conscientes de lo que allí sucede, no se rebelan contra la pasividad de la ONU, que en este caso no es capaz de detener un verdadero genocidio. En cuanto a las misiones de paz de los «cascos azules», si bien hay que celebrar que en algunos casos su presencia haya logrado detener las hostilidades, también es cierto que en la mayor parte de los casos, desde el Líbano al Sahara Occidental, pasando por Chipre, su inacción eterniza dolorosos conflictos porque ni siquiera es capaz de terciar en casos tan palmarios como la reciente declaración unilateral de independencia de Kosovo.

Por ahora, la ONU sólo ha probado que sigue siendo un escenario inmejorable para discursos plagados de buenos deseos -no es casualidad que ideas como la insustancial «Alianza de Civilizaciones» se hayan gestado precisamente alrededor de la Asamblea General-, como los llamados «objetivos del milenio» para reducir la pobreza en el mundo, pero en realidad no puede hacer prácticamente nada para llevarlos a cabo, ni siquiera este año, en que todos los oradores hablan de economía a cuenta de la crisis financiera. La ONU, tal como se ha desarrollado, carece de liderazgo, y si no emprende cuanto antes una reforma de sus estructuras y fines terminará siendo una organización superflua.