Para no acabar con ETA

23/09/2008 a las 07:14h.

PESE a los augurios interesados o sencillamente embusteros, ETA ha sido capaz de poner tres coches-bomba el mismo fin de semana, con el resultado de numerosos estragos, una docena de heridos y la víctima mortal, el brigada Luis Conde de la Cruz. El asesinato convoca al duelo y éste pide un paréntesis de otras consideraciones ante la evidencia de lo monstruoso -la bestia sigue siendo asesina aunque esté debilitada-, pero también llama a la responsabilidad de entender lo que pasa, que no de justificarlo.

Es cierto que Luis Conde de la Cruz ha sido asesinado por sujetos a quienes corresponde toda la responsabilidad penal del crimen, pero los terroristas matan para alcanzar el poder imponiendo un régimen totalitario mediante el terror. Por eso tenemos la obligación de reflexionar sobre si estamos o no haciendo lo necesario para que fracasen. En resumidas cuentas, el asesinato perpetrado en Santoña y los atentados de Ondárroa y Vitoria vuelven a reclamar un examen crítico de la política antiterrorista. De la del gobierno y de las actuaciones de la oposición, y en general de todas las instituciones. Porque son éstas, y no los ciudadanos o a la sociedad abstracta, quienes tienen los medios y la autoridad para combatir a ETA y terminar con su amenaza. Por eso les corresponde actuar y rendir cuentas, no animar al personal para que le eche valor. Principio olvidado por quienes acostumbran a repudiar los crímenes terroristas con tópicas llamadas a la resistencia ciudadana y a la movilización popular, incluso -o sobre todo- si han jugado algún papel en desanimar la primera y manipular la segunda.

De manera que dejemos las milongas sobre si los terroristas consiguen o no algo con sus acciones, y sobre si los ciudadanos de a pie son o no lo suficientes firmes en su resistencia, y vamos en cambio a volver a lo que importa: qué se ha hecho en los últimos tiempos, desde que comenzó el no suficientemente denostado «proceso de paz», para avanzar en la lucha contra ETA. Y el balance no es precisamente de los que invitan a premiarse con una alegría.

Con la excepción de las fuerzas de seguridad, a pesar de la mancha por lavar de la filtración a ETA en el caso del cobro de la extorsión en el bar Faisán de Irún, las instituciones en las que los ciudadanos depositamos nuestra confianza, dinero y soberanía no han estado precisamente a la altura de la misión encomendada. La administración de justicia, como siempre, ha ofrecido algún espectáculo edificante junto a otros completamente bochornosos. La facilidad con la que «jueces-estrella» y fiscales mandados pueden poner palos en la rueda de la lucha contra ETA es sencillamente sobrecogedora. En este capítulo descuella la impresentable trayectoria del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido: tras hacer lo posible para paralizar las actuaciones contra ETA en la legislatura anterior, calificando de «Guantánamo judicial» la misma Ley de Partidos empleada ahora por el Supremo para ilegalizar al PCTV y ANV, sigue desempeñando el mismo cargo contra todo criterio racional de idoneidad y justicia. Su continuidad es un escollo objetivo a la lucha contra el terrorismo, además de una burla a la inteligencia y a los ciudadanos a los que no para de pedirse confianza, esperanza, resistencia y paciencia... a cambio de nada.

Da la impresión de que cierto principio elemental no termina de calar en la sociedad española, y no digamos ya en la clase política tradicional y el establishment que la apoya: que para derrotar al terrorismo es absolutamente imprescindible una justicia independiente, jueces y fiscales que no actúen al dictado de las conveniencias del gobierno de turno, sino para aplicar como es debido las leyes existentes. Pues bien, lejos de haber progresado algo en este sentido en los últimos tiempos, el nombramiento del último CGPJ, un proceso esperpéntico digno de un régimen bananero, ha servido para lo contrario. Con una administración de justicia al servicio de los partidos grandes, donde la regla para progresar en la carrera fiscal y judicial es la sumisión a los dictados del Ejecutivo y a los pactos entre partidos, nos alejamos más del único final democrático y eficaz del terrorismo: el que se sigue de la igualdad ante la ley. ¿Para qué elaborar nuevas leyes y condenas más largas para los terroristas si cualquier ley corre alto riesgo de quedar en papel mojado, si el peor asesino puede metamorfosearse en cualquier momento en «hombre de paz», si le conviene al gobierno? Hay que concluir que a día de hoy estamos peor preparados para acabar con ETA como la gran mayoría queremos: sin concesiones y sin fraudes.

Los responsables de este lamentable retroceso son los socialistas, los populares y los nacionalistas. Más allá del ritual reproche de estos casos al nacionalismo vasco y al esperpéntico lehendakari Ibarretxe, los ciudadanos tenemos derecho a esperar de PSOE y PP mucho más de lo que están dispuestos a hacer. El espectáculo del gobierno de Zapatero tratando de barrer bajo la alfombra de la «firmeza» el mal llamado «proceso de paz», que no sólo nos ha hecho perder cuatro años en maniobras absurdas y ridículas sino que amenaza con reeditarse en cualquier momento, regalando a ETA otra prórroga impagable, sólo encuentra parangón en el arrepentimiento del PP, que trata de hacer olvidar los excesos de sobreactuación de la pasada legislatura, cuando se acusaba al gobierno de «traicionar a los muertos», mediante una excesiva dejación del control del gobierno en beneficio de una imagen de «acuerdos de Estado» altisonantes que, de momento, sólo han servido para culminar el sometimiento del poder judicial. ¡Gran cosa!

Si en lugar de tratar de enterrar del todo a Montesquieu y de liquidar al movimiento cívico contra ETA para ponerlo a su servicio, PSOE y PP se hubieran aplicado a renovar el Pacto Antiterrorista y a revitalizar las instituciones con la autonomía indispensable, ahora no estaríamos lamentando los atentados de la banda y el asesinato de Luis Conde con el desaliento añadido de quien asiste a lo que parece el eterno retorno de crímenes terroristas acompañados de disparates políticos y jurídicos. Desde luego, esperar que el tándem Zapatero-Rajoy -con el auxilio tasado a buen precio de los Ercoreca, Durán y Lleida y Llamazares- lidere con determinación y eficacia una lucha contra ETA que conduzca a su derrota indudable, es un ejercicio de ingenuidad que roza la irresponsabilidad más aguda. Baste un ejemplo: Zapatero ha buscado y encontrado el apoyo del partido que más hace por legitimar a ETA como «expresión de un conflicto»: el PNV, que apoyará los Presupuestos -¡antes de conocerlos!- a condición, entre otras cosas, de que no se haga lo que debe hacerse para acabar con lo que ETA representa efectivamente: un estado de excepción impuesto por los criminales. Y el PP, cuando no plagia a Rosa Díez se desvive por acercarse a los nacionalistas para recuperar la condición de aspirante a volver a la Moncloa respetando esas reglas no escritas que, en buena parte, son responsables de la persistencia de ETA y de sus crímenes a los 49 años de su inicio, nada menos. ¿Qué reglas son esas?: justicia sometida al gobierno de turno, arbitraje decisivo de los partidos nacionalistas, y arbitrariedad y oportunismo en la aplicación de las leyes. Así no vamos a ninguna parte, aunque sí a más funerales.