Evo Morales pone a un militar al frente de la región rebelde de Pando

El Gobierno también planteó la elección democrática de subprefectos y consejeros departamentales «para profundizar el proceso de descentralización». Esta atomización del poder menguaría el de los prefectos, cuya fuerza radica en las grandes ciudades, y daría más atribuciones a las pequeñas comunidades, afines a Evo Morales. Llegados a este punto, apenas unas horas después de entablarse las negociaciones, fuentes diplomáticas señalan que «ambas partes parecen más preocupadas por forzar al contrario a romper el diálogo y dejarlo en evidencia».

Los prefectos también han solicitado que el departamento de Pando tenga un representante en las negociaciones, en sustitución del encarcelado Leopoldo Fernández. El Gobierno, que mantiene allí el estado de sitio tras una masacre de campesinos y estudiantes de la que culpa a Fernández, rechazó la presencia de esa prefectura. Y, ayer, el presidente Morales nombraba al almirante Landelino Bandeiras como prefecto interino de Pando, cargo que desempeñará durante 90 días.

En Sucre

Al mismo tiempo, la Corte Suprema dispuso el traslado a Sucre (sede del Poder Judicial) del prefecto y la entrega de su proceso penal al Fiscal General de la República, así como la apertura de una investigación al juez que instruye el caso ante la posibilidad de que prevaricara al encarcelar a una autoridad que goza de «juicio de privilegio». El Gobierno ya ha anunciado que no permitirá el traspaso, amparado en la declaración de estado de sitio en Pando. «Este día va a quedar en la historia de la vergüenza, pero que quede claro: el Gobierno y las víctimas no daremos un paso atrás, no cesaremos en el esfuerzo para que estos casos queden en la impunidad», dijo el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.

Para el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, la solicitud es una «triquiñuela judicial para liberar» a Fernández: «Es el sistema político pasado, caduco, cuya expresión más conservadora está radicada en los tribunales de justicia. (Pero) Leopoldo Fernández está en calidad de confinado, y va a estar sometido a ello el resto de los noventa días en La Paz. Como Gobierno vamos a ser firmes en el cumplimiento de la medida, está confinado en La Paz y se quedará acá».

Mientras tanto, los movimientos sociales ligados al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) aumentan la presión sobre Cochabamba, sede de las deliberaciones, donde grupos de mineros se manifestaron arrojando «cachorros» (pequeños cartuchos) de dinamita. Su tarea, dicen, es «impedir que se realicen cambios» a la Constitución.

Mario Cossío calificó de «muy mala señal» esta movilización: «Le pido al Gobierno que no mueva gente, que nos deje dialogar». Simultáneamente, 30.000 campesinos continúan bloqueando los accesos a Santa Cruz y amenazan con llegar hasta el centro de la capital. Human Rights Foundation hizo una demanda urgente de frenar el avance, pues podría desencadenar un conflicto de imprevisibles consecuencias.

Los seguidores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) aumentan la presión sobre Cochabamba, sede del diálogo

Human Rights Foundation advierte de que el avance de los campesinos en Santa Cruz podría causar un conflicto de imprevisibles consecuencias