Sábado, 20-09-08
El director y subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco y el estadounidense Daniel Wilkinson, respectivamente, fueron expulsados el jueves por la noche de Venezuela por haber hecho un informe crítico sobre el país, considerado «una agresión inaceptable» por el Gobierno de Hugo Chávez. Después de embarcarlos en el primer avión que salía de Caracas, los ministros de Interior, Tarek El Aissami, y de Exteriores, Nicolás Maduro, leyeron un comunicado en el que aseguran que Vivanco «no respetó normas de la Constitución y la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela».
Maduro consideró asimismo la expulsión un «mensaje claro» para aquellos que pretendan ir a Venezuela «a conspirar». La expulsión de los dos directivos ha reavivado la tensión política en el país y provocado las condenas de la oposición y ONG venezolanas.
El delegado de HRW presentó en una rueda de prensa el informe: «Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela». En su expediente de 267 páginas, la ONG afirma, entre otras cosas, que durante los diez años de Gobierno de Chávez «se han debilitado las instituciones democráticas y deteriorado los derechos humanos en sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder».
«Golpistas»
El informe también señala que la degradación se evidencia en las políticas discriminatorias del Ejecutivo, el desprecio por el principio de la separación de poderes, los atentados contra la libertad de expresión, los intentos oficiales por impulsar un sindicalismo paralelo y la abierta confrontación frente a los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil. Vivanco consideró que «aquellos que se cruzan en el camino son rápidamente descalificados como golpistas». El documento hace varias recomendaciones para que el Gobierno revierta el daño causado y fortalezca las garantías de los derechos humanos, como restablecer la credibilidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.
