«¿Cómo les puede parecer mal a los socialistas el nuevo modelo de gestión del Canal de Isabel II si es idéntico al que el Gobierno de la Nación va a usar con Aena?». Esto es lo que se preguntaba ayer David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ante el aluvión de críticas contra la propuesta de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de privatizar el Canal de Isabel II.

Como se sabe, la iniciativa, anunciada por Aguirre el pasado martes durante el Debate sobre el Estado de la Región, prevé la creación de una sociedad anónima encargada de gestionar el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, cuyo capital será inicialmente del cien por cien del Canal aunque en dicha sociedad se dará entrada a la participación de los madrileños que lo deseen -a través de acciones- hasta un máximo del 49 por ciento en los mercados de valores organizados, es decir, en Bolsa.

La propuesta de privatizar casi la mitad del Canal de Isabel II está levantando ampollas. Muchos ayuntamientos de la región gobernados por el PSOE amenazan con rescindir sus contratos. Incluso el alcalde de la capital, Alberto-Ruiz Gallardón, se hacía ayer diversas preguntas sobre la fórmula que propone Esperanza Aguirre para gestionar, en un futuro, el agua que se consume y utiliza en la comunidad.

«Insolidaridad territorial»

Sin embargo, desde el PP se asegura que todo se debe a una «deslealtad institucional». David Pérez no entiende tanta crítica desde las filas socialistas hacia un modelo de gestión del agua aplicado en otras ciudades españolas -Gijón, Vigo, Barcelona o Jaén- «todas gobernadas por el PSOE».

Pérez asegura que el Partido Socialista, a través de los ayuntamientos, quiere evitar la privatización del Canal de Isabel II. Además, considera sorprendente que «los socialistas digan que «el agua es de todos» cuando han promovido la mayor insolidaridad territorial precisamente en materia hidrológica».

El portavoz popular en la Asamblea de Madrid manifestó que en los próximos años «la gestión del agua en la Comunidad de Madrid debe afrontar grandes retos, que exigirán fuertes inversiones para crear nuevas infraestructuras, el desarrollo de los planes de reutilización del agua y la aplicación del nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas», unas actuaciones que necesitarán 4.000 millones de euros en los próximos diez años.

¿Viable o inviable?

David Pérez no duda en señalar que la privatización parcial del Canal de Isabel II será una «nueva forma de gestión y financiación que asegurará el carácter público del servicio, así como la eficacia del mismo. También, una mayor implicación de los ciudadanos en la empresa que presta el servicio de agua en la región».

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, dejó ayer muy claro que la privatización del Canal de Isabel II, que él preside, «no va a suponer, de ningún modo, una subida del precio del agua ni un descenso en la calidad de la misma o del servicio». González hizo estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Gobierno. Se refirió justamente a lo anunciado por el alcalde de Madrid en el sentido de que si la privatización se lleva a cabo, Ruiz-Gallardón podría verse obligado a rescindir el contrato del agua por problemas legales y administrativos para convocar otro nuevo.

«No van a cambiar las condiciones», dijo González. «Si lo que quiere el alcalde es aprovechar el tirón para sacar dinero de algún sitio, me parece muy bien que lo diga, pero que lo explique». El vicepresidente recordó que si Ruiz-Gallardón rescinde el contrato con el Canal de Isabel II «deberá devolver los 900 millones de euros recibidos por adelantado».

La privatización parcial del Canal también abrió ayer otro frente de críticas. La de muchos ayuntamientos socialistas que lo consideran «inviable». También salió al quite el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, quien dejó muy claro que dicha privatización «va adelante y no habrá ninguna marcha atrás. Lo cierto es que me ha sorprendido tanta oposición pero, reto a cualquier ayuntamiento, incluido el de la capital, a que me presenten un informe jurídico en donde se diga que el proyecto es inviable legalmente. Si nos demuestran que no se puede hacer, habría que verlo. Nuestros servicios jurídicos aseguran que la propuesta es totalmente viable».