El Ejército boliviano detiene al gobernador rebelde de Pando, acusado de «genocidio»
La breve y frágil tregua entre Evo Morales y los dirigentes regionales opositores se torna endeble después de que el Ejército boliviano detuviera al prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, a quien el Gobierno de Evo Morales ha acusado de «genocidio» tras señalarlo como instigador de la matanza de campesinos ocurrida días atrás. El fiscal general, Mario Uribe, dijo que él no emitió la orden de arresto y que la responsabilidad de este acto recae en el Ejecutivo.
Los militares, que desde el viernes mantienen en estado de sitio esta región amazónica fronteriza con Brasil y Perú, ocuparon la sede de la Prefectura y trasladaron a Fernández hasta el aeropuerto de Cobija para conducirlo a La Paz. La intervención militar se produjo horas después de un enfrentamiento armado entre civiles -en el que murieron al menos dieciséis personas, setenta resultaron heridas y unas cien están desaparecidas-, cuando una caravana de campesinos y estudiantes sufrieron una emboscada por «sicarios de Brasil, Perú y Bolivia», según el Ministerio de Gobierno.
Sin embargo, el Ministerio Público también hizo responsables del suceso a un senador de Unidad Nacional, Abraham Cuéllar, que ha respaldado al Ejecutivo en el Congreso, y al ex alcalde de Cobija, Miguel Becerra. Fernández acusó al presidente de pretender «tapar sus responsabilidades» y «fraguar evidencias», mientras aseguraba que seguirá con su rebelión «para evitar que Bolivia sea una nueva Cuba».
En rueda de prensa, Evo Morales señaló que «esa detención se produjo según un mandato constitucional en el marco del estado de sitio. Que las instituciones correspondientes lo juzguen. Saludamos que la Fiscalía, por fin, intenta hacer respetar la vida y el patrimonio nacional».
Morales ha acusado a la oposición de buscar su derrocamiento en alianza con el embajador estadounidense, Philip Goldberg, quien este domingo abandonaba el país tras su expulsión. La embajada de EE.UU. en Bolivia ha aconsejado a sus ciudadanos que se marchen de la nación andina, alerta que también incluye a su personal diplomático no afectado por tareas de emergencia. Aunque su embajada en La Paz está abierta, las condiciones de seguridad continúan en evaluación, por lo que «podría cerrarse de un momento a otro». El Departamento de Estado pondrá hoy a disposición un avión para que los ciudadanos norteamericanos puedan viajar a Lima.
Morales había anunciado su disposición a revisar la Constitución que, tras ser redactada con nocturnidad en un cuartel militar de Sucre, deberá ser sometida a un referéndum cuya viabilidad sigue en el aire. Por su lado, el Comité Cívico de Santa Cruz levantó los bloqueos de carreteras como muestra de buena voluntad (aunque persisten los «contrabloqueos» de campesinos partidarios al Gobierno).
Empero, la detención de Fernández pone cuesta arriba la consolidación de la calma. En declaraciones a CNN, el senador Roger Pinto, uno de los líderes opositores, acusó al presidente de mantener un doble discurso: uno, conciliador, de cara al exterior; y otro, interno, de confrontación. Pinto reprochó al mandatario que no haya esperado a las labores de la comisión de Unasur que investigará los asesinatos de Pando.
Referendos revocatorios
Aunque el enfrentamiento viene de atrás, la polarización se agravó después de los referendos revocatorios de agosto, en los que tanto Morales como cuatro gobernadores de oposición recibieron un amplio apoyo popular. Cinco de los nueve prefectos regionales (los de la llamada Media Luna, que comprende a las cuatro regiones más ricas del país: Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, y Chuquisaca) rechazan abiertamente las reformas socialistas del proyecto constitucional.
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