M. A.
MADRID. La reforma de la Formación Profesional (FP), especialmente la de Grado Medio, es una de las prioridades del Ministerio de Educación para el curso recién estrenado. Los deficientes resultados de España en el último informe educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en lo relacionado con el porcentaje de titulados en Enseñanza Secundaria Superior, es decir, en Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio ha disparado más, si cabe, todas las alarmas.
En España, el índice de titulados en ese nivel a la edad en que deben hacerlo, es del 72 por ciento, 11 puntos menos que la media de la OCDE (83 por ciento) y 14 por debajo de la media de la Unión Europea (86 por ciento). Estas cifras ponen muy lejos el objetivo europeo para 2010, marcado en la Declaración de Lisboa en un 85 por ciento de graduados en Secundaria Posobligatoria.
La secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia, ha reconocido que España «necesita mejorar» y ha avanzado medidas para el próximo curso (2009-10) que contribuyan a elevar el número de alumnos que continúan tras acabar la ESO.
Entre las iniciativas proyectadas para desarrollar la vigente ley de FP destaca la que permite reconocer la experiencia laboral de los jóvenes mayores de 21 años que, en su día, abandonaron sus estudios, han desempeñado su profesión al menos durante tres años y quieren obtener un título.
La propuesta, que será debatida con todos los implicados, no supone que la mera experiencia conduzca a un título de FP sino que ésta contribuirá a lograrlo, tras cursar algunos de los módulos de la especialidad que corresponda. «Les vamos facilitar -dijo Almunia- la labor para que puedan compaginar la formación con su trabajo porque necesitamos titulados en este ciclo».
Título de ESO
El curso que comienza a dar sus primeros pasos será también el de la implantación de los Programas de cualificación profesional, promovidos por la Ley Orgánica de Educación (LOE) y destinados a alumnos mayores de 16 años que no hayan obtenido el título de Graduado en ESO. Excepcionalmente y de acuerdo con los padres, la edad e incorporación a los programas podrá reducirse a los 15 años, con determinadas condiciones. Con carácter general, quienes se integren en los planes podrán llegar a graduarse en ESO, tras añadir a los módulos profesionales otras enseñanzas complementarias.
La comunidad educativa percibirá otras novedades derivadas de la aplicación de la LOE. Entre ellas, destacan la generalización de la gratuidad en el segundo tramo de Infantil (3-6 años), la entrada en vigor de nuevas enseñanzas curriculares en todos los niveles, la ampliación de la enseñanza de idiomas, la implantación de 1º de Bachillerato, la aplicación de las pruebas de diagnóstico en 2º y 4º de la ESO y la extensión de Educación para la Ciudadanía a todas las comunidades autónomas. El curso pasado, todas las comunidades gobernadas por el PSOE -salvo Castilla-La Mancha y Baleares, a las que se unieron el País Vasco y Canarias- decidieron impartir la asignatura en 3º de la ESO, como permite la LOE.
Este curso, las regiones gobernadas por el PP, que habían diseñado unos programas similares, han implantado Ciudadanía en 2º de la ESO. Además y como el resto de las comunidades, comienzan a enseñar las materias afines: Educación ético-cívica (4º de la ESO) y Filosofía y Ciudadanía (1º de Bachillerato). Es decir, que la controvertida materia se ha generalizado.
Objetores y alternativas
Sin embargo, su situación es muy distinta. Por un lado, en las autonomías donde no gobierna el PP Ciudadanía es considerada como una asignatura más del currículum y, mientras no se pronuncie el Supremo, los objetores que no la curse suspenderán, salvo para los casos que cuenten con una resolución judicial que les exime cautelarmente de asistir a clase. El tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido también un fallo, según el cual los objetores no deben ser calificados como suspensos sino como no presentados. Los promotores de la objeción cifran en 44.500 el número de solicitudes.
Las comunidades del PP ofrecen diversas situaciones. Todos con mayor o menor entusiasmo dicen apoyar a los objetores. Sin embargo, la materialización de ese apoyo no es uniforme. Así, mientras Valencia y Madrid se han decantado abiertamente por ofrecer una alternativa, el resto (La Rioja, Murcia y Castilla y León) son más precavidas. La Rioja ha optado por permitir, de forma cautelar y, en cumplimiento de las sentencias de su Tribunal Superior de Justicia, que los objetores no asistan a clase, a la espera de lo que decida el Supremo ante los recursos presentados al respecto.
Valencia, que además ofrecerá las clases de Ciudadanía en inglés, ha visto paralizada su alternativa por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Madrid ha instruido por carta a sus centros de que a los objetores deben ofrecerles una actividad de voluntariado o la realización de trabajos individuales sobre la Constitución.