Una década ha sido suficiente para que el número de alumnos inmigrantes en la escuela se haya multiplicado por diez, debido a su llegada en aluvión a España. Este curso habrá cerca de 700.000 escolares extranjeros, lo que supone un 14 por ciento más (85.579 niños) que el curso anterior. La Rioja (15,1 por ciento), Baleares (14,4) y Madrid (13,9) son las regiones con mayor porcentaje de extranjeros.
Según cifras facilitadas por la propia ministra de Educación, Mercedes Cabrera, en la presentación del informe «Datos y cifras» del curso 2008-09, el 9,4 por ciento de los alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias son extranjeros. No obstante, la estadística no se cierra porque, a pesar de que la mencionada afluencia se ha atemperado, a lo largo del curso se mantiene el flujo de familias inmigrantes con niños en edad escolar a los que se debe facilitar una plaza.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece la reserva de un porcentaje de plazas para los alumnos con necesidades educativas especiales, entre ellos los inmigrantes, que se mantendrá vigente durante el periodo de preinscripción y matrícula. Además los centros públicos y concertados podrán ampliar en un diez por ciento el número máximo de alumnos por aula a los niños que se incorporen de forma tardía a los centros escolares.
Garantizar el derecho a elegir
Las cifras oficiales han dado lugar a críticas contra la concertada por parte de diferentes sectores educativos, fundamentalmente de aquellos que se integran en plataformas de defensa de la escuela pública, por responsabilizarla de «evitar» recibir a niños extranjeros.
Los responsables de la enseñanza concertada salen al paso de esas acusaciones y aseguran que hacen cuanto está en sus manos para garantizar el derecho a la educación de los niños españoles y de los extranjeros. «La normativa de admisión —dice Manuel de Castro, secretario general de las escuelas católicas integradas en FERE-CECA— concede prioridad al criterio de proximidad del domicilio familiar al centro, lo que hace que en muchos casos, los inmigrantes coincidan en los mismos colegios porque también viven en los mismos barrios». En parecidos términos se pronuncia Isabel Bazo,presidenta de la Federación Española de Centros de Enseñanza (CECE). «La escuela concertada —advierte— no puede hacer trampas. La normativa de admisión es exhaustiva y la información pública».
Para De Castro, «los centros concertados trabajan con espíritu de integración, de acuerdo con su misión y sus valores, y siempre bajo el firme compromiso de mantener la calidad de su oferta educativa». Por su parte, Isabel Bazo, asegura que su objetivo es conseguir que «los alumnos inmigrantes tengan los mismos derechos que los españoles».
En cuanto al porcentaje de extranjeros en la red concertada, ambos coinciden en que la normativa de admisión condiciona su número. De Castro asegura que los datos de escolarización de inmigrantes revelan que «los centros católicos concertados escolarizan un porcentaje de inmigrantes muy próximo al que le corresponde por su participación en el total del sistema educativo» y lamenta que «se falsifiquen los datos haciendo parecer que escolarizan menos alumnos de los que le corresponden».
Isabel Bazo considera asimismo que teniendo en cuenta la representatividad de la privada-concertada en el sistema educativo (un tercio) acoge al alumnado que le corresponde.
Respetar a las familias
El secretario general de FERE-CECA sostiene que para cambiar la tendencia es preciso que «las administraciones articulen un sistema de distribución de alumnos diferente, pero siempre respetuoso con el derecho de las familias a elegir el tipo de centro que quieren para sus hijos».
La presidenta de CECE advierte que a la hora de escolarizar a un niño inmigrante hay que evitarle cualquier tipo de desarraigo y buscar la integración respetando el derecho a elegir, sin forzar las situaciones.
